PCM busca fortalecer normativa sobre protección a denunciantes de actos de corrupción
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública (SIP), viene promoviendo reformas al marco normativo sobre denuncia y protección a denunciantes de actos de corrupción, como parte del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con ese objetivo, la SIP lideró una reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), en la que se analizaron las recomendaciones formuladas por instancias de la OCDE como el Comité de Gobernanza Pública (PGC), el Grupo de Trabajo sobre Integridad Pública y Anticorrupción (PIAC) y el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales (WGB).
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Uno de los principales problemas identificados es la actual fragmentación normativa, que dificulta la aplicación efectiva de mecanismos de protección. Además, se alertó sobre la limitada cobertura legal, centrada principalmente en servidores públicos, dejando desprotegidos a los denunciantes del sector privado.
PCM impulsa reformas para fortalecer la protección a denunciantes de corrupción como parte del proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Foto: PCM.
Durante el encuentro se discutieron alternativas para superar estas barreras, entre ellas la creación de un régimen unificado que simplifique los procedimientos y amplíe el ámbito de protección, así como la eliminación de requisitos que dificultan las denuncias de buena fe. También se propuso desarrollar estrategias para fortalecer la confianza ciudadana en los canales de denuncia.
“Esta iniciativa representa un paso fundamental en nuestro compromiso con la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Un sistema robusto de protección a denunciantes es esencial para identificar y sancionar actos ilícitos, y cumplir con los estándares internacionales”, afirmó Ana Reátegui, secretaria de Integridad Pública de la PCM.
PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES CLAVE
La reunión contó con la participación de representantes de instituciones clave como la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que integran el grupo de trabajo de la CAN en materia de denuncia, protección al denunciante e incentivos.
PRÓXIMAS ACCIONES Y SEGUIMIENTO
Como parte de la hoja de ruta trazada, se ha programado una segunda reunión técnica para mayo, en la que se profundizará el análisis del marco vigente, las propuestas de mejora y se presentarán estadísticas sobre denuncias, medidas de protección adoptadas y nivel de respuesta institucional en el período 2023–2024.
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