En el Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reconoce y saluda a quienes dedican sus esfuerzos y contribuyen de manera pacífica, individual o colectivamente a la plena vigencia de los derechos fundamentales en el país, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Para promover la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los Derechos Humanos, el MINJUSDH identificó a este grupo de personas entre los 13 que son considerados de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, documento que prevé acciones para garantizar el ejercicio seguro de sus labores y en igualdad de condiciones.

Asimismo, el 27 de abril de 2019 se aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, mediante Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS, con un conjunto de medidas orientadas a promover y asegurar un entorno favorable para el desarrollo de sus actividades.

El Protocolo prevé la implementación de un registro de denuncias e incidencias sobre ataques en contra de defensores de derechos humanos o situaciones concretas de riesgo en las que se encuentren, con el fin de evidenciar problemas o situaciones estructurales que ocasionen riesgos para sus labores. Se vienen recibiendo aportes de otras entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, en la construcción de una propuesta para inicios del 2020.

Del mismo modo, se ha establecido un procedimiento de alerta temprana para la actuación oportuna de las instancias competentes, que permita atender solicitudes de defensores frente a ataques o amenazas, con la finalidad de disponer acciones de protección que reduzcan riesgos que puedan afectar sus actividades. El MINJUSDH se encuentra evaluando las primeras solicitudes presentadas por organizaciones y personas que requieren su activación.

Como parte de las medidas de prevención, el Protocolo impulsa el fortalecimiento, la formación y la capacitación de operadores de justicia, miembros de la policía nacional y defensores públicos, en coordinación con otras entidades del Estado, en relación al respeto de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, con especial énfasis en el trabajo que realizan por las mujeres, personas LGBTI, asuntos ambientales, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, así como de otros grupos de especial protección.

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