La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentará ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que revela el sistema de abusos y torturas del régimen venezolano en el arco minero del Orinoco.

Este documento describe la falta de acceso a la justicia en Venezuela y los distintos crímenes cometidos por los grupos armados irregulares para ejercer control sobre el área minera tales como mutilaciones, apaleos y disparos.

Además, demuestra la existencia de hechos que irían en contra de los derechos humanos como denuncias de torturas graves, desapariciones forzadas, persecución indígena y la falta de acceso a la justicia usando el covid-19 como excusa.

El informe de la ACNUDH también desnuda la falta de transparencia por parte del régimen al no determinar qué acciones se han tomado para regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal.

“El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el Gobierno ha conformado alianzas, o sobre el número de mineros inscritos en el Registro Único Minero”, indica un párrafo del pliego.

Por ello, la organización internacional llegó a la conclusión de que “gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del Arco Minero del Orinoco (AMO), está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”.

Cabe resaltar que la extracción de minerales en la región venezolana del Orinoco es una de las principales actividades económicas del gobierno de Nicolás Maduro y que el informe se basó en entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes que vivieron una serie de abusos del régimen.

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