El uso de fondos públicos por parte de los partidos políticos para pagar consultorías no es ilegal, pero califica como mal uso de recursos como consecuencia de la poca claridad sobre el tema mostrado en la norma respectiva explicó el experto en temas electorales, Fernando Tuesta.

“Lo que dice la ley es que no más del 50% se debe gastar en aspectos ordinarios del partido como alquiler del local, inmobiliario y personal. Los partidos han hecho uso de los vacíos de las normas, como el que no exista un límite en el pago de los derechos profesionales y aquí hay un mal uso.  No es la prioridad utilizar los recursos públicos para favorecer a dirigentes o allegados”.

En el Informativo por Nacional señaló que la norma establece que, para fines de control, el partido político debe comunicar de forma adelantada a la ONPE sobre los servicios de media training u coaching motivacional para que sean supervisados.

“Si es que se ha cumplido esa parte, lo que han hecho es aprovecharse de los aspectos no cubiertos por la norma. Hecha la ley, hecha la trampa. La ley señala que para fines electorales este tipo de capacitaciones se usa en elecciones generales y no regionales”.

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