“Es imperativo que nuestra sociedad priorice la inversión en educación inclusiva y la capacitación de profesionales. La inclusión no solo es un derecho, es una oportunidad para enriquecer nuestra comunidad a través de la diversidad y la equidad”, agrega la especialista.

1. Capacidad económica: Los costos asociados con discapacidades, como equipos especializados, terapias y apoyos educativos, pueden resultar prohibitivos para muchas familias, limitando así las oportunidades educativas de sus miembros con discapacidad.
2. Accesibilidad física: La falta de accesibilidad física en las instituciones educativas representa una barrera significativa para las personas con discapacidad. La ausencia de rampas, ascensores, aseos adaptados y señalización adecuada obstaculiza su participación activa en actividades educativas y sociales.
3. Crear entornos educativos inclusivos: Fomentar la capacitación adecuada para los educadores, diseño curricular flexible y la disponibilidad de recursos para adaptarse a los estudiantes. Según Minedu, las autoridades aún no generan las condiciones básicas que se ajusten a la realidad de casi el 60% de niños con discapacidad en edad escolar.
4. Carencia de profesionales: La escasez de profesionales capacitados en educación especial y áreas relacionadas con la discapacidad representa un desafío significativo.
5. Acceso a terapias y tratamientos: El acceso limitado a terapias y tratamientos específicos puede afectar negativamente el desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad. Cabe precisar que, según el INEI, el 88,6 % de la población con alguna discapacidad no recibe tratamiento o terapia para rehabilitación.