Ganaron las niñas: Congreso aprueba la ley contra el matrimonio infantil en el Perú
12:35 h - Vie, 3 Nov 2023
En un alarmante hallazgo, se ha revelado que, en el Perú, entre los años 2012 y 2022, se han registrado más de 4357 matrimonios con menores de 18 años de los cuales más de 400 son con menores de 16 años, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Estas cifras, que emergen en la última década (2013-2022), arrojan una luz desgarradora sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. Este hecho es un claro indicador de la violación de los derechos fundamentales y de la Convención de los Derechos del Niño, poniendo de manifiesto la falta de protección efectiva a esta población en la nación.
Las cifras de Reniec son solo un reflejo de una realidad aún peor: las uniones tempranas y forzadas. Estas uniones no están formalmente registradas ante Reniec, pero tienen las mismas consecuencias en la vida de las niñas y adolescentes que pasan por esta situación. Un estudio conjunto realizado por Plan International y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2019 arrojó datos preocupantes a nivel nacional. Reveló que el 28 % de las mujeres entre 15 a 49 años comenzaron sus convivencias cuando eran menores de 18 años. Esta cifra varía en diferentes regiones, siendo más baja en Lima (20 %) y Cusco (28 %), pero más alta en Piura (32 %) y, particularmente, en Loreto (50 %).
El matrimonio y las uniones infantiles tempranas y forzadas tienen consecuencias devastadoras para el desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia. Las niñas y adolescentes que contraen matrimonio o se unen forzadamente a edades tempranas enfrentan obstáculos como la interrupción de su educación, la vulnerabilidad a la violencia de género, la limitación de sus oportunidades futuras y un mayor riesgo de complicaciones de salud debido a embarazos tempranos, que en muchos casos encubren violencia sexual.
A pesar de que la mayoría de los países estipulan que la edad mínima para autorizar los matrimonios es de 18 años, a nivel mundial la realidad es que un tercio de la población femenina, aproximadamente 60 millones de mujeres entre 20 y 24 años se han casado antes de alcanzar esa edad. Precisamente el continente latinoamericano ha alcanzado un aproximado de 6 millones de casos evidenciados.
“El trasfondo real del matrimonio infantil o la unión forzada de menores es la perpetuación de la desigualdad de género y la dominación ejercida con violencia. La aprobación del proyecto de ley No. 3194/2022-CR, que eleva la edad de matrimonio o unión a los 18 años, conforme a las normativas internacionales representa un hito para la vida de millones de niñas y marca un antes y un después para sus futuros.”, afirma Veronique Henry, directora país de Plan International.
Ayer, en el pleno del legislativo, se discutió esta importante modificación normativa propuesta por la parlamentaria Flor Pablo y otros ocho congresistas de diversas bancadas, luego de haber pasado a cuarto intermedio, el proyecto de ley fue aprobado con 106 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
“Este es solo un primer peldaño para que más niñas vivan libres de violencia. Desde ahora, personas adultas no podrán basarse en esta figura legal, lo que representa un hito en el marco de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes. No obstante, aún tocará seguir generando acciones tanto en el plano público como privado para hacer frente a las uniones forzadas y tempranas, así como los otros problemas estructurales que vulneran el pleno desarrollo de las niñas y adolescentes en igualdad. Para abordar esta problemática, es esencial implementar medidas integrales que promuevan la educación, la concienciación y la capacitación de la población. Es necesario fortalecer las leyes y políticas existentes para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y garantizar su cumplimiento efectivo en todos los niveles. Además, se requiere una colaboración cercana entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y las y los adolescentes para cambiar las actitudes y prácticas arraigadas que perpetúan estas prácticas nocivas”, finalizó Henry.
/LC/NDP/
