El Ministerio de Justicia lamentó que el Congreso de la República, en su sesión plenaria virtual de ayer, haya decidido rechazar las propuestas legislativas que tenían el objetivo de ayudar a reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y los centros juveniles del país.

Aclaró que el Gobierno en ningún momento intentó trasladar este problema al Parlamento, pero en vista a que no se delegó al Poder Ejecutivo la competencia para variar la situación jurídica de las personas privadas de libertad (a pesar de haberlo solicitado) consideró que era necesario trabajar en conjunto, como país, para controlar y mitigar la epidemia del coronavirus (covid-19) en los penales.

En este contexto, el propio Poder Judicial presentó dos iniciativas legislativas al Congreso, que se sumaron a la remitida por el Ejecutivo, ante la evidente necesidad de tener normas de carácter excepcional que permitan evaluar la situación jurídica de más de 35,000 personas internas procesadas y, si fuera el caso, de condenados con penas menores por delitos no graves.

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