El superintendente nacional de salud (Susalud), Carlos Acosta Saal, fue consultado por el programa El Informativo primera edición, sobre las multas de 2 millones de soles que se impondrían a hospitales y clínicas que no atiendan emergencias médicas.

“La ley general de salud 27604 establece que ningún servicio de salud público o privado nieguen la atención a un ciudadano en condición de emergencia, está prohibido por ley, por ejemplo, pedirle su documento de identidad y llenado de documentos para la atención. Todos los temas administrativos que quieren implementar deben efectuarse solo después de haber atendido y salvar la vida de la persona y estar seguro de que ha superado la condición de emergencia”.  

En cuanto a una atención rápida que debe tener un paciente, manifestó que la PNP, los bomberos y el serenazgo deben trasladar de manera rápida a un centro de salud más cercano ya que los establecimientos de salud están en la obligación de atender a todos los ciudadanos.   

“Si alguien tuviera una situación de emergencia y tiene complicaciones en la atención, debe marcar el 113 que es una línea dedicada al sector donde se puede dar a conocer algún problema en un establecimiento".

Fuertes lluvias en Piura

El superintendente resaltó que es un trabajo constante que deben realizar los gobiernos regionales, las autoridades municipales y gobiernos locales deben estar haciendo seguimiento a esto. Afortunadamente, el ministerio de Salud y el Gobierno han estado atentos a estos problemas, y se han constituido para brindar todo el apoyo que se necesite tanto en la población piurana como a las autoridades de la región.

“Es un trabajo de prevención que se debe realizar durante el año por todas las autoridades regionales. Se debe descolmatar los drenes para que pueda fluir el agua y canalizar hacia el río, por ello se ha pedido a la población a que no arrojen basura hacia esos drenes porque cuando llueve se genera un problema y no permite que el recurso hídrico circule”.

Acosta Saal también resaltó que Susalud organiza las funciones del derecho de personas que se atienden en servicios de salud y relaciones con el seguro integral privado y /o público; y el deber de fiscalizar que los seguros cubran lo que ofrecen y que los establecimientos brinden a los asegurados una atención adecuada.

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