La decisión de la Fiscalía de la Nación de intervenir las oficinas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), luego de que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, involucrara a dicho gremio en los aportes a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, le ha dado un nuevo al caso Lava Jato en el Perú.

En ese contexto, y antes de señalar cualquier tipo de culpabilidad por parte del gremio, es trascendental definir el origen del presunto dinero donado, estimó el abogado penalista Luis Lamas Puccio en entrevista con Diálogo Abierto.

“Partir siempre de la premisa (para ver si hubo comisión de delito o no) de dónde provenía ese dinero. Porque si yo tengo una empresa y quiero hacer una donación aparecerá en mis libros contables la salida del dinero” y así habrá “transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, si no utilizo ninguna de esas formalidades y excluyo el sistema bancario y entrego dinero en efectivo, ¿por qué lo hago?, porque no quiero que aparezca en la contabilidad, entonces surge una sospecha”, comentó el especialista.

En la víspera, Barata declaró que la constructora dio US$ 1’200.000 a la primera campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Medios locales informaron que el fiscal José Domingo Pérez ordenó la intervención a la sede de la Confiep, con el objetivo de que se incaute documentación relacionada por el presunto aporte a Fujimori Higuchi.

Por medio de un comunicado, la Confiep rechazó ayer haber tenido alguna participación en el pago de aportes por parte de Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011.

/CP/