El abogado penalista Mario Amoretti señaló que la modificación de la ley que sanciona los actos de corrupción cometidos entre entidades privadas es una buena medida para enfrentar esta problemática, cada vez más presente en nuestra sociedad.

En enlace con El Informativo, explicó que el Decreto Legisltivo (DL) 1385 ahora considera no solo a quienes intervienen en la licitación pública a través de dádivas o promesas para favorecer a una empresa privada, sino también a quienes realicen actos en perjuicio de alguna otra empresa.

No obstante, Amoretti precisó que las sanciones establecidas no son del todo adecuadas, ya que para ambos casos se dispone pena privativa no mayor de 4 años, multa e inhabilitación entre 184 a 365 días.

“Obviamente, el fraude de los que intervienen en una licitación es mucho más grave que el perjudicar a una entidad privada, por lo tanto, se debe incrementar la pena para el primer caso”, puntualizó.

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