Ante posible peligro de fuga y obstaculización del proceso, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dirige un operativo de allanamiento, incautación y detención preliminar por 7 días, de diez investigados por presuntos delitos de corrupción cometidos en la contratación del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020.

La medida judicial otorgada a solicitud de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas, en el marco de la investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible, comprende a los exfuncionarios de Palacio de Gobierno Mirian Maribel Morales Córdova, (exsecretaria general); Oscar Manuel Vásquez Zegarra (excoordinador de prensa y comunicaciones); y Karem Alexandra Roca Luque, (exsecretaria).

Asimismo, a los funcionarios del Ministerio de Cultura: Patricia Aída Dávila Tasaico y Diana Angelica Tamashiro Oshiro (exsecretarias generales); Lincoln Martin Matos Parodi, (Director General de la Oficina General de Administración); Aura Elisa Quiñones Li y Liliana Margot Chaname Castillo (exdirectoras Generales de Recursos Humanos); Mauricio Manuel Salas Torreblanca (coordinador y programador del Gran Teatro Municipal). También a Richard Javier Cisneros Carballido (proveedor de los servicios contratados por la entidad, durante el año 2018 al 2020).

Se informó que en el operativo participan un total de 10 fiscales anticorrupción, 10 peritos del Ministerio Público y 60 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad.

Justificación de la medida

La medida de detención se sostiene en el peligro de obstaculización y fuga de los investigados, quienes estarían vinculados y tendrían contactos de alto nivel que podrían inferir y entorpecer la investigación preliminar en su contra, más aún, si están involucrados funcionarios de gobierno y poder político.

Según el documento fiscal, se estarían contactando a los investigados y testigos para poder dificultar la presente investigación, incluso borrando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.

Como parte de la intervención, se realiza también el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones, con la finalidad de visualizar y extraer información, data digital y redes sociales a las que se encuentren vinculadas todas aquellas especies que se logren incautar en los inmuebles materia de allanamiento y registro.

Cabe destacar que esta investigación se basa en diversos elementos de convicción como documentos, correos electrónicos e informes periciales gracias a la declaración de un testigo en reserva, un aspirante a colaborador eficaz, quien atribuye que el proveedor Richard Cisneros habría sido favorecido con contrataciones directas innecesarias durante los años 2018 al 2020, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura.

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