La Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM vienen desarrollando una propuesta para la certificación de los oficiales de Integridad del sector público, a fin de asegurar que estos profesionales cumplan con el perfil necesario que permita fortalecer la prevención y la lucha contra la corrupción.

El presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir, Guillermo Valdivieso Payva, manifestó en su participación en la segunda mesa de trabajo sobre la Ley de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público, organizada por la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, la importancia de seleccionar a los oficiales de Integridad mediante concursos públicos.

“Es fundamental que el modelo del Servicio Civil peruano cuente con servidores no solo competentes y hábiles, sino también con capacidades sólidas en ética e integridad”, comentó, tras agregar que el mencionado proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, permitirá consolidar el perfil de los servidores que velarán por la integridad en sus entidades de modo que los servicios públicos sean adecuados y oportunos.

El proyecto ley sobre el tema ha sido ingresado al Legislativo por el Poder Ejecutivo, y tiene la finalidad de fortalecer la función de integridad en el sector público a través de la implementación del modelo de integridad en todas las entidades de los tres niveles de gobierno.

La Mesa Técnica contó con la presencia del jefe de gabinete de asesores del Poder Judicial, Pedro Angulo; la gerente general de la escuela del Ministerio Público y encargada de la Oficina de Integridad Institucional, Tatiana Mendieta Barrera, y la directora del programa sectorial IV de la Procuraduría General del Estado, Mery Gómez Zapata.

Dato

La PCM define a la integridad pública como: “(…) la actuación coherente con valores, principios y normas que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y la generación de valor público”.

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