El Estado puede sacar provecho de que los conflictos sociales producto de la explotación minera se han convertido en “conflictos de coexistencia”, y de esta manera lograr acuerdos de beneficio y respeto mutuo, afirmó el jefe del programa de Derechos Colectivos en Industrias Extractivas de Cooperación, José de Echave. 

El cambio de pensamiento en este problema de conflictividad social se da porque la gente ya no rechaza un proyecto minero, sino que indaga por los beneficios para la población que puede traer esta actividad, merced a un adecuado control del impacto ambiental y el respeto a sus derechos, afirmó en Radio Nacional del Perú. 

“Pese a lo que se cree, que la gran mayoría de conflictos son de resistencia y rechazo a la minería, subrayamos que el 70 por ciento son conflictos de coexistencia donde la gente no dice no quiero el proyecto minero. Lo que dice es que si la minería va a estar 20 o 30 años, queremos saber cuáles van a ser los beneficios, como se controlarán los impactos ambientales, cómo proteger mis derechos”, detalló.

Se trata en todo caso de una especie de ‘conflictos de convivencia’, y deben ser vistos como una oportunidad para lograr acuerdos sostenibles y de respeto mutuo, que puede ser muy bien aprovechada, porque de esta manera se busca una suerte de ‘contrato social’, sostuvo De Echave. 

Precisó que estos conflictos sociosectoriales han estado cambiando de lugar en los últimos años, tanto así que antes se pensaba solo en la zona norte del país, como en Cajamarca; en cambio hoy en día están predominando en el sur de territorio, como los registrados en las regiones de Apurímac, Puno, Cusco o Arequipa. 

Se trata de una actividad de explotación importante para el país y lo seguirá siendo, además no se puede pensar en la economía de una Nación dejando de lado los efectos en el entorno natural, precisó entre otros puntos el ex viceministro de Gestión Ambiental. 

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