En un comunicado conjunto, los ministerios de Cultura, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, Ambiente e Interior rechazaron enérgicamente cualquier intento de intimidación hacia los pobladores de Machu Picchu.

Se denuncia la presunta coacción ilegal con el propósito de paralizar las actividades económicas y turísticas en el distrito.

El Gobierno enfatiza su compromiso en garantizar la libertad de trabajo y autonomía de las personas para decidir sobre sus negocios, subrayando que tales acciones constituyen violaciones a la ley y amenazas a libertades fundamentales.

El comunicado hace un llamado a la población de Machu Picchu para que denuncie cualquier situación de intimidación, destacando la importancia de su colaboración para mantener un entorno seguro y próspero.

Se recuerda la reciente legislación (Decreto Legislativo N° 1589) que penaliza con hasta 15 años de cárcel a quienes atenten contra la propiedad pública y privada o participen en acciones que dañen las infraestructuras del país, como bloqueos de carreteras o líneas de tren.

Los sectores involucrados reafirman su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y natural, destacando la importancia de mantener el orden interno. La Policía Nacional del Perú se compromete a permanecer alerta para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger su derecho a trabajar.

El comunicado concluye agradeciendo la colaboración de la población comprometida con el desarrollo económico y cultural, reiterando la determinación del Gobierno de velar por la seguridad, legalidad y diálogo en la región Cusco y en todo el territorio nacional.

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