La Defensoría del Pueblo recomienda modificar el procedimiento de evaluación y concesión de gracias presidenciales, a fin de atender los casos de internos con sentencias menores a cuatro años y a las personas vulnerable, como adultos mayores, enfermos, mujeres con hijos en cárcel, entre otros.

También ampliar las posibilidades de acceso a la conversión de pena para los internos condenados por delitos leves, bajo los mismos requisitos exigidos hoy para los casos de omisión de asistencia familiar.

Indica que el Informe Especial  N° 003-2020-DP, sobre la situación de las personas privadas de la libertad, señala que el hacinamiento (que alcanza el 140%) constituye el principal hecho que afecta los derechos humanos de los internos.

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo considera que se debe emprender acciones urgentes que atiendan este problema, dado el grave riesgo propagación de los contagios por coronavirus  en las cárceles y realizar cambios en la norma que regula la prisión preventiva para que los jueces evalúen el impacto del coronavirus en la salud de los inculpados.

Recomiendan además imprescindible mejorar la regulación de la vigilancia electrónica y que se subvencione su costo.

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