La Defensoría del Pueblo advirtió que la entrega del subsidio monetario extraordinario a familias en situación de pobreza y pobreza extrema no consideró la magnitud y persistencia de la informalidad, y la falta de ingresos ligada a ella, que afecta a un número importante de la población. Por ello, ha recomendado tener en cuenta estos criterios y establecer estrategias que permitan complementar adecuadamente la entrega de estos bonos para la situación de emergencia.

Cabe recordar que el Perú es el país suramericano con la más alta tasa de empleo informal. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 72 % de la población económicamente activa padecen esta situación, que, asimismo, afecta principalmente a las mujeres (un 75 % de ellas se ven inmersas en este problema).

Estas cifras se incrementan en el ámbito rural, pues un 96 % se encuentra en la informalidad. Además, el sueldo promedio en esta zona está por debajo de la remuneración mínima vital (S/711.4), siendo Huancavelica la región más afectada (S/702.5). Sumado a ello, los costos de primera necesidad son más altos para esta población, porque viven en lugares alejados.

En ese sentido, preocupa a la Defensoría del Pueblo que algunas regiones, como Huancavelica (con un 91 % de informalidad laboral), no hayan sido priorizadas para la entrega del subsidio, como sí lo fueron Lima y Callao (a pesar de ser las que tienen más bajas tasas de pobreza e informalidad).

Sumado a ello, un problema que es transversal a esta situación es la discriminación estructural contra la mujer, pues ocasiona que su participación se concentre en actividades de baja remuneración, y que se le atribuyan actividades y roles que limitan su ascenso. Así, según el INEI, un 51.4 % de la población pobre del Perú son mujeres y una de las causas es la falta de ingresos propios, que afecta a un 29.2 % de este sector en todo el país (la cifra aumenta a un 41.2 % en el sector rural).

En ese sentido, se debe considerar también este factor de género al momento de evaluar la entrega de bonos. Si bien la Defensoría del Pueblo considera adecuada la decisión de entregar el subsidio a las mujeres, esta medida debe ir acompañada de medidas que garanticen también su seguridad psicológica y física, ya que pueden estar expuestas a hechos de violencia familiar.

Por ello, se ha recomendado priorizar el subsidio monetario en regiones con mayor persistencia de informalidad laboral y pobreza. Asimismo, se ha demandado articular una estrategia que permita prevenir hechos de violencia de género en las mujeres receptoras del bono.

Este conjunto de medidas permitirá complementar las ya dictadas por el Gobierno y debe realizarse como parte del compromiso de las autoridades gubernamentales para enfrentar la situación de emergencia que vivimos actualmente.

Para acceder al informe “El problema de la informalidad laboral en una economía confinada” ir al siguiente link:

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%B0-02-2020-DP-Problema-de-la-informalidad-laboral-en-una-economia-confinada.pdf

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