El Ejecutivo, mediante la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31096, que permite la formalización del transporte terrestre de pasajeros en vehículos colectivos.

En la demanda se señala que la ley aprobada por el Congreso vulnera los derechos a la vida, integridad, la salud y el medio ambiente, pues permite que vehículos que no reúnen condiciones técnicas apropiadas puedan brindar el servicio de transporte de pasajeros.

El Procurador Público Especializado en Materia Constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero indicó que durante todo el procedimiento parlamentario que dio origen a la ley, el Ejecutivo manifestó los peligros de la norma respecto a los derechos de las personas.

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