El Gobierno amplió el estado de emergencia para Lima y el Callao. La medida fue oficializada mediante decreto supremo n.° 132-2025-PCM publicado en las normas legales del diario oficial El Peruano, en edición extraordinaria. 

La medida de lucha contra el crimen organizado será de 30 días, a partir del 21 de noviembre de 2025.

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La norma especifica que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá en este periodo el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención "sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos".

En la prórroga del estado de emergencia también se mantiene la medida que dispone solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas, de carácter masivo y público. Cabe precisar que las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.

También aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y CALLAO EMPEZÓ EL 22 DE OCTUBRE

El presidente José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia del Callao el pasado 22 de octubre por 30 días. Desde ese momento, el jefe de Estado lideró operativos, patrullajes, reuniones de trabajo con autoridades locales y de diversos sectores para escuchar la problemática y adoptar medidas que refuercen los resultados de esta medida. Incluso participó en megaoperativos en centros penitenciarios del país, desde donde algunos cabecillas de bandas criminales siguen delinquiendo.

Junto a las fuerzas del orden y el serenazgo se ha desplegado diversos operativos para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana en la capital.

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