El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, lideró la representación peruana en la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), reafirmando el compromiso del Perú con la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos.

Durante el evento, que reunió a delegaciones de más de 120 países y se realizó en La Haya, Países Bajos, el ministro destacó el firme respaldo del Perú a la Corte Penal Internacional, subrayando la importancia de fortalecer su legitimidad universal, asegurar la reparación a las víctimas y asignar mayores recursos para garantizar el cumplimiento efectivo de su mandato.

"El Perú mantiene una posición clara e indeclinable en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Consideramos crucial que la Corte cuente con el respaldo financiero y político necesario para enfrentar los retos globales actuales", afirmó Arana ante el plenario.

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Asimismo, el ministro resaltó la destacada participación de la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez, quien forma parte del cuerpo judicial de la Corte, y cuyo trabajo fue reconocido como un símbolo del compromiso del Perú con la justicia internacional.

La Asamblea abordó temas clave como la migración, la ciberseguridad y el medioambiente, considerados como nuevas amenazas a la seguridad global y los derechos humanos. Estas discusiones marcan la pauta para la colaboración internacional en la defensa de los principios del Estatuto de Roma.

El Perú es uno de los 124 países que han ratificado este tratado, consolidando su adhesión a los principios de justicia universal para los crímenes más graves contra la humanidad.

Cabe señalar que, como parte de su agenda de Trabajo en Países Bajos, el ministro Eduardo Arana, se reunió con Päivi Kaukoranta, presidenta de la Asamblea de Estados Partes, con quien llevó a cabo un fructífero diálogo en materia de derechos humanos y temas vinculados con la Corte Penal Internacional.

La participación de la delegación peruana en este foro reafirma el papel activo del país en la promoción de la justicia internacional y el fortalecimiento del sistema multilateral de derechos humanos.

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