El secretario técnico de Gestión Ambiental del Poder Judicial, Henry Diburga Inga, advirtió que el uso de menores de edad para trabajo forzoso en actividades mineras tiene una pena máxima de 10 años privativa de la libertad. 

“Nosotros sabemos que los menores de edad no tienen capacidad de decisión autónoma, hay una patria potestad detrás de ellos, según la norma vigente. Son las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal que hacen uso de la mano de obra de menores de edad, por el costo de la mano de obra barata”, explicó. 

En ese sentido, señaló que en si el Ministerio Publico encuentra en sus actos de investigación a menores de edad en plena actividad minera o haciendo algún trabajo que esté relacionado a este fin debe requerir al Poder Judicial para que imponga una sanción. 

Al respecto, explicó que, si el caso llegara la instancia de un juicio oral y de encontrarse culpabilidad, este delito tiene como pena mínima ocho años y máxima de diez años de cárcel efectiva. 

“Este tipo de situaciones ocurren en zonas mineras donde el Estado no ha alcanzado su control, en lugares que se encuentran a muchas horas de la ciudad, donde muchos escolares dejan sus estudios, ya que se ven obligados por los padres, quienes se convierten en cómplices de este atropello, utilizando a los menores de edad”, aseveró.

IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA AMBIENTAL 

En tal sentido, el doctor Diburga Inga, resaltó además la importancia de la Justicia Ambiental y de la implementación de los juzgados especializados en competencia ambiental a nivel nacional, donde el único beneficiario es el usuario.    

La minería ilegal es la actividad que se realiza en espacios prohibidos como las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. 

Pero, también se considera minería ilegal a los que usan equipo y maquinaria pesada, que no corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal, aseguró que uno de los mayores problemas es el trabajo forzoso de menores de edad en la extracción de minerales de manera ilícita.

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