El ciudadano que entorpezca el normal funcionamiento de los servicios públicos como el transporte, el suministro de electricidad, el agua u otros, sería procesado por atentar contra el bien jurídico, así como la seguridad pública y las penas llegarían hasta los diez años de cárcel en su forma agravada.

Asimismo, el delito de disturbios que afecta la paz pública que sería cometido por un grupo o en reunión tumultuaria, sería castigado con mayor gravedad pues podría llegar hasta quince años de pena privativa a la libertad.

Así lo explicó el magistrado Jeans Velazco Hidalgo, a cargo del 14 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, al abordar los alcances de Decreto Legislativo N°1589 promulgado recientemente por el Ejecutivo.

“En el entorpecimiento, la conducta es obstruir, entorpecer, estorbar y puede ser cometido por una sola persona. Por ejemplo, en lo que respecta al transporte público, si una persona concurre a una estación del servicio del Metropolitano y obstruye la vía, sin realizar conducta adicional, eso es entorpecimiento”, afirmó.

En lo que respecta a disturbios, por ser un delito plurisubjetivo, ello implica, señaló Velazco Hidalgo, que dos o más agentes entorpezcan el normal funcionamiento del servicio, causen lesiones y dañen a la propiedad pública o privada, como cuando se toma carreteras o aeropuertos.

“Podríamos decir que el delito de entorpecimiento muchas veces termina siendo el antecedente del delito de disturbios”, sostuvo el juez.

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