El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha presentado una propuesta ante las agencias de cooperación internacional para el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (Sinadis). Esta propuesta incluye por primera vez una regulación específica sobre la protección social ante emergencias.

La naturaleza preventiva de esta regulación persigue la organización efectiva de la actuación del Estado ante situaciones imprevistas, con el objetivo de evitar que estas afecten la calidad de vida de las personas o las conduzcan a la pobreza. Se garantiza así que los servicios e intervenciones de protección social se mantengan como prioridad en todo momento.

La exposición de este planteamiento estuvo a cargo de Fanny Montellanos, viceministra de Políticas y Evaluación Social, quien presentó la propuesta ante representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Programa Mundial de Alimentos en Perú, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ).

Durante la mesa de diálogo coorganizada entre Unicef y el Midis, se recibieron aportes y opiniones de los actores involucrados con el fin de enriquecer la propuesta del nuevo Reglamento del Sinadis.

Esta actualización del reglamento busca establecer un sistema funcional, ágil y articulado, orientado hacia las prioridades sociales. Se aplicarán los conocimientos compartidos desde un nuevo enfoque para hacer frente a la pobreza, haciendo uso de mecanismos de información social y gestión de evidencia. Además, se fortalecerá la implementación de la política desde un enfoque estratégico, con el propósito de lograr el desarrollo y bienestar de las personas en todas las etapas de su vida.

La propuesta del Reglamento surge de la necesidad de comprender y abordar la pobreza en un nuevo contexto social, marcado por factores como la migración global, la situación postpandemia, la vulnerabilidad y la consideración multidimensional de la pobreza, entre otros.

Para ello, se fortalecerá el papel y la coordinación de las entidades del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y Locales, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación, la academia y el sector privado. Asimismo, se plantea una estrategia de gestión diferenciada y el reconocimiento de las disparidades territoriales, lo cual promoverá que los servicios lleguen a las comunidades de los distritos con mayor pobreza o vulnerabilidad, contribuyendo así al cierre de las brechas sociales.

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