Economía

Representantes de la Central de Compras Públicas – Perú Compras y sus pares del Servicio de Nacional de Contratación Pública – Sercop de Ecuador intercambiaron experiencias y compartieron intereses por hacer más eficientes las contrataciones públicas en sus respectivos territorios, a través de una serie de sesiones virtuales de asistencia técnica. 

Por parte de Perú Compras, los temas generales se enfocaron en la implementación de los Catálogos Electrónicos, la estrategia de estandarización y el modelo de gestión para las compras públicas.

Respecto a los Catálogos Electrónicos, se realizaron dos sesiones en las que los participantes dialogaron sobre las etapas de la implementación de los catálogos, la recopilación de información, los procesos de acreditación de marcas y de aprobación de Fichas-producto, así como la formulación de la documentación asociada. 

También, conversaron sobre el procedimiento de selección de proveedores, la presentación de oferta, los requisitos de admisión de proveedores y la evaluación de ofertas.

Sobre el proceso de homologación, en dos fechas se habló de la estrategia de la estandarización de Perú Compras; los documentos estandarizados de compra; el proceso de homologación de requerimientos y generación de Fichas de Homologación; y, las Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y los Documentos de Información complementaria, que forman parte de la gestión del Listado de Bienes y Servicios Comunes – LBSC; entre otros temas.

Asimismo, una de las sesiones estuvo dedicada al Modelo de gestión para las compras públicas, la metodología para la construcción de la matriz de abastecimiento público y el Cotizador Electrónico.  

Por parte de Sercop (Ecuador), participaron representantes de la Dirección de Estudios de Contratación Pública y de la Coordinación Técnica de Catalogación.

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Entre enero y agosto de este año, las exportaciones peruanas de pisco sumaron 6.2 millones de dólares y un crecimiento de 77% respecto al mismo periodo del 2021, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En relación al volumen, los despachos totalizaron 837,132 litros, reportando un crecimiento de 94% en dicho periodo, en contraste a los 431,883 litros en el similar periodo del año anterior.

Óscar Quiñones, jefe del Idexcam señala que el crecimiento en la demanda del pisco responde a que se fueron desactivando de manera paulatina las medidas sanitarias de distanciamiento en los países de destino, lo que permitió la reapertura de bares, pubs y discotecas en esos mercados.

De igual manera, el Idexcam destacó que Estados Unidos es nuestro principal mercado de destino con un nivel de participación de 39%. El valor de las exportaciones de pisco hacia ese país sumó 2.5 millones de dólares, representando un crecimiento de 32%, mientras en volumen la tasa superó el 43%.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas Zegarra, dijo que el empleo formal total, público y privado se incrementó en 6.1% en agosto del 2022, lo que significó un aumento de 313,000 puestos de trabajo formales, en relación al mismo mes del año pasado, y elevó la masa laboral a 5 millones 475,000 trabajadores.

Explicó que esta cifra significa un crecimiento consecutivo de 17 meses en la recuperación del empleo formal total y el aumento, además, de 379,000 puestos de trabajo formales con respecto a agosto de 2019, antes de la pandemia por el covid-19.
 
Sustentado en cifras de la Planilla Electrónica de la institución  el ministro Salas Zegarra, refirió que solo el sector privado formal registró en agosto un incremento de 6.5% respecto al mismo mes del año pasado. El avance, agregó, representó un aumento de 239,000 puestos de trabajo.
 
Asimismo, las empresas de 11 a 100 trabajadores fueron las que más contribuyeron en la recuperación del empleo con un crecimiento de 8.6%. En tanto, las empresas de 1 a 10 trabajadores aportaron con una expansión de 7.1% y las de más de 100 trabajadores con un avance de 5.5%.

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Un duro golpe a la ilegalidad. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que, destruyeron 262 máquinas tragamonedas que eran usadas de manera ilegal en diferentes regiones del Perú. En términos monetarios, lo destruido asciende a un millón 650,000 soles.

Esta acción se dio como resultado de los diversos operativos contra la informalidad dirigidos por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, Sunat y el Ministerio Público.

La viceministra de Turismo, Isabel Álvarez, señaló que esta destrucción es una clara evidencia del trabajo que realiza el Mincetur para erradicar la informalidad en el sector turismo, además reafirma el compromiso en la lucha contra cualquier intento de ilegalidad.

“De las 262 máquinas tragamonedas destruidas, 194 eran dirigidas para público adulto. Los 68 restantes corresponden a máquinas para menores de edad. Esto no puede permitirse. La operación de máquinas tragamonedas sin autorización y registro es un delito”, indicó la

En ese sentido, reveló que en el Perú existen 19 salas de casinos autorizadas. “Adicionalmente, se tienen registradas 714 salas de juego de máquinas tragamonedas con 72,500 máquinas tragamonedas a lo largo y ancho del país”, añadió la viceministra Álvarez.

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El precio del dólar sube frente al sol al inicio de la sesión cambiaria de hoy, ante una mayor demanda de moneda extranjera, en línea con el desempeño de la divisa estadounidense en la región.

La cotización de venta se sitúa en 3.988 soles en el mercado interbancario, mientras que en el mercado paralelo es de 3.995 soles.

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El decreto supremo que regula la tercerización de servicios busca promover la formalización laboral, sostuvo hoy  el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas.

“La informalidad en nuestro país está entre 70% y 75% desde hace 15 años, una línea que viene desde el 2007 aproximadamente, y eso está vinculado a que no se han establecido los marcos regulatorios y legales para poder invitar a la formalidad a los empresarios y trabajadores”, explicó en la víspera en conferencia de prensa.

“Para ello, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno hemos publicado un decreto supremo mediante el cual se regula el marco de la ley de tercerización, que fue dada en el 2008. Hay algunos sectores que dicen que ese decreto supremo genera despidos e informalidad, pero no, lo que hace es que no se desnaturalice la tercerización”, dijo.

Cabe indicar que la tercerización de servicios es el mecanismo por el cual una empresa contrata a otras para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo.

“Entiendo que todo campo de innovación en materia laboral podría de alguna u otra manera traer dudas, temores, y de pronto algunos adelantos de opinión sin que la norma haya tenido efecto en el tiempo. Es más, se ha buscado inclusive hasta derogarla desde el Congreso de la República”, sostuvo.

“Si hay algo que debemos tener presente en el país, es justamente, ser conscientes de la informalidad laboral que existe, pero buscando el por qué. Y eso es porque no existe el marco regulatorio para poder invitar a la formalidad, tanto al empleador como al trabajador”, agregó.

Alejandro Salas reiteró que el diálogo siempre estará abierto en su sector a través del Consejo Nacional del Trabajo.

“Este es un ministerio de puertas abiertas y tenemos que seguir trabajando para el país. Sabemos también lo que cuesta posicionar esta norma (que regula la tercerización), pero consideramos que hemos puesto el problema sobre la mesa y tenemos que seguir evolucionando sobre ello, por supuesto, de la mano de los trabajadores y empleadores”, señaló.

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El cierre de brechas en infraestructura es fundamental para elevar la competitividad del aparato productivo, por ello, es importante acelerar la ejecución de los megaproyectos en cartera. Sobre todo si 10 de los planes suman un total de inversiones de 13,446 millones de dólares con la evidente generación de empleo formal.

La profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Silvana Huanqui, considera que la ejecución de esta cartera de proyectos contribuirá a elevar la competitividad de la economía nacional y porque están asociados con el cierre de brechas en infraestructura, que aumentará la capacidad productiva del país y la generación de empleo.  

La especialista resaltó también que el desarrollo de la cartera de megaproyectos en los plazos considerados será fundamental para el cumplimiento de una de las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas que apuntan a que el PBI crecerá 3.3% este año.  
  
Se proyecta que seis grandes proyectos de infraestructura impulsarán la economía peruana, teniendo en cuenta que algunos de ellos ya se encuentran en la etapa de construcción y cuyos compromisos de inversión total superan los 11,000 millones de dólares y se desarrollan entre el 2022 y el 2023.  

Estos son: 1) Terminal Portuario Multipropósito de Chancay - inversión de 3,000 millones de dólares. 2) Majes Siguas II - inversiones por 654 millones de dólares. 3)Terminal Portuario Muelle Sur Bicentenario - inversión de 731 millones de dólares. 4) Línea 2 del Metro de Lima y Callao - inversión de 5,346 millones de dólares. 5) Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez -  inversión de 1,200 millones de dólares. 6) Enlaces de transmisión Nueva Yanango-Nueva Huánuco (Yana) y Mantaro - Nueva Yanango-Carapongo (Coya)  -  inversión de 544 millones de dólares. 
Proyectos adicionales. 7) Autopista del Sol - inversión 720 millones de dólares. 8) Carretera Oyón-Ambo - inversion 293 millones de dólares. 9) Aeropuerto Internacional Chinchero - inversión 578 millones de dólares. 10) Red Vial N° 4 - inversión de 400 millones de dólares. 

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, sostuvo recientemente que el país cuenta con proyectos de gran envergadura, cuya ejecución generará una externalidad positiva en la economía nacional y agregó que la conexión entre los mercados brinda la oportunidad de que haya una mayor participación del sector privado.

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El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará un seguimiento a la demanda interpuesta contra Repsol por el derrame de petróleo que es de 4,500 millones de dólares, monto por daños y perjuicios que aceptó en agosto pasado, el Poder Judicial. 

El titular del Indecopi recibió la visita del primer vicepresidente de la Corte y relator para el Perú, Edgar Stuardo Ralón Orellana, quién conoció en detalle la demanda judicial iniciada por Indecopi en favor de los consumidores, tras el derrame de petróleo de Repsol ocurrido el 14 de enero pasado en el mar de Ventanilla. 

Palacín Gutiérrez, agradeció el interés y el apoyo de la delegación de la OEA ante las acciones iniciadas por el Indecopi en beneficio de las 700 mil personas afectadas por el derrame. 

Por su parte, el primer vicepresidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, confirmó que su equipo seguirá de cerca la acción judicial presentada por el Indecopi y dijo esperar que se logre indemnizar a las personas afectadas por el desastre ecológico que afectó varios kilómetros de la costa peruana. 

“Quiero agradecer la información que nos han dado. Al ser esta demanda algo inédito, pero que ya está admitida a trámite, nosotros le vamos a dar seguimiento y ojalá se logre por esta vía alguna reparación adicional a las poblaciones afectadas”, afirmó el funcionario de la CIDH.

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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -Midis-, a través de Resolución Ministerial, aprobó el padrón de beneficiarios y beneficiarias del subsidio monetario individual autorizado, llamado bono alimentario, cuyo monto asciende a 270 soles.

Este registro se adecúa a los criterios de elegibilidad dispuestos en el reglamento para el otorgamiento de esta subvención y estará dirigido a 4 millones 251,464 ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares que administra el Midis.

Asimismo, dará cobertura a 2 millones 559,850 hogares de todo el país, incluyendo a los usuarios y usuarias de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Contigo que no hayan recibido la subvención adicional extraordinaria dispuesta por el artículo 20 de la Ley 31538.

En forma adicional, se beneficiará a las familias que no figuren en los registros de la planilla pública y privada, a excepción de los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa, así como los hogares cuyos ingresos no superen los 1,025 soles.

Quedan excluidos los ciudadanos que se encuentren en la base de datos de las declaraciones juradas de autoridades y servidores públicos, administrada por la Contraloría General de la República.

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 Está vigente el programa de créditos “Siembra Más”, orientado a otorgar financiamiento rápido y barato a las organizaciones agrarias, como juntas de usuarios y comisiones de regantes, con la finalidad que puedan adquirir insumos agrícolas, incluyendo fertilizantes.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), los agricultores pertenecientes a dichas organizaciones podrán acceder a financiamiento con una tasa de interés de 3.5% anual.

La ministra del sector, Patricia Ocampo, destacó que si los productores del campo cumplen con los requisitos, en un lapso de 48 horas podrán acceder a los créditos “Siembra Más”.

Midagri informa que para acceder a este programa las organizaciones deberán presentar las solicitudes de financiamiento en las oficinas del Banco Agropecuario (Agrobanco) a nivel nacional, entidad que realizará la evaluación correspondiente, que comprende: Encontrarse conformadas por pequeños productores agrarios y brindar servicios a sus asociados, antigüedad no menor de seis meses de inscripción registral en la Sunarp. 

También RUC activo y habido, vía Sunat, la organización y los representantes legales deben tener calificación financiera normal y/o CPP y las organizaciones no deben registrar en su historial crediticio deuda en situación de vencida, cobranza judicial o castigada en el Fondo Agroperú.

Los montos de los créditos estarán en función a la evaluación que realice Agrobanco y que incluye el tamaño de la organización determinado por el número de socios y las extensiones de predios agrícolas, así como la necesidad de insumos, capacidad de almacenamiento y distribución de las organizaciones, garantías que respalden el crédito, entre otros.

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