Política

Personal diplomático de la embajada y el consulado de Perú en México recibieron amenazas contra su vida, por lo cual el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pidió al gobierno de ese país reforzar la seguridad de dichas sedes.

“Es una grabación muy amenazante, muy intimidante” la que los representantes diplomáticos peruanos han recibido, señaló el jefe del gabinete. “La he escuchado y las amenazas son serias”, recalcó.

Por tanto, el representante del gobierno peruano pidió también que se haga una investigación a fin de determinar las responsabilidades de esta acción.

De igual manera, utilizó las redes sociales para dejar constancia de lo ocurrido y condenar la acción intimidatoria dirigida contra los diplomáticos.

Otárola señaló que si bien las autoridades mexicanas han redoblado la seguridad correspondiente, este “es un tema que no queremos soslayar”.

En tal sentido, pidió que se den las garantías para la integridad y la vida del encargado de negocios y los tres diplomáticos peruanos que laboran en la sede de la embajada, así como a aquellos que se encuentran en el consulado.

Relación afectada

Recordó también que, a raíz de la decisión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de no reconocer al gobierno peruano y de lanzar críticas en su contra, las relaciones con el país norteamericano están a nivel únicamente de encargados de negocios.

Debido a estos incidentes, Perú retiró definitivamente a su embajador de México. El presidente de ese país, por su parte, ha adelantado la posibilidad de romper también todo tipo de relaciones con su contraparte peruana, luego de que el Congreso lo declarara ‘persona non grata’ a raíz de sus declaraciones políticas.

/RP/

El Ejecutivo observó la norma que declara el 7 de junio como feriado, así lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a medios de comunicación.

“El Gobierno ha decidido observar la autógrafa de ley sobre el feriado del 7 de junio. En consecuencia, estamos devolviendo al Congreso las consideraciones, sobre todo de reactivación económica. La mejor manera de rendirle homenaje a la bandera es trabajando y sentar las bases para recuperar la economía”, declaró.

Recordemos que, el pasado 27 de abril, el Pleno del Legislativo aprobó, en forma mayoritaria, la propuesta que planteaba declarar día feriado nacional el 7 de junio de cada año, en conmemoración de la fecha de la batalla de Arica y del Día de la Bandera.

“Estamos seguros de que el Congreso lo va a entender. Queríamos comunicar esto a toda la ciudadanía para que tome las previsiones del caso y, con la debida anticipación, el día de hoy está yendo el oficio al Parlamento”, agregó.

/RP/NDP/

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, consideró que “no es correcto” que el Perú se aleje de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, por ende, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como se plantea desde el Congreso mediante un proyecto de ley.

“Ningún peruano está exento del abuso del poder”, refirió, en entrevista concedida a TV Perú. “Tenemos por eso una instancia supranacional que revisa y resuelve esos excesos con objetividad”, añadió.

En ese sentido, opinó que, para la Defensoría del Pueblo, “no es correcto alejarse de los parámetros de esa instancia jurídica supranacional”. Recalcó que esa perspectiva obedece a que la entidad a su cargo “tiene a la Nación como su deber ser”.

Gutiérrez señaló que, por el contrario, el Estado peruano debe de reforzar su defensa ante instancias como la CIDH, incidiendo en la información referida al accionar del terrorismo en el país.

Este “no se ha difundido adecuadamente” en el exterior, indicó, por lo cual los jueces de instancias supranacionales como esa, aplican la discrecionalidad y la subjetividad en casos que involucran este tema.

Por ello recalcó en recomendar “que los procuradores puedan asumir una defensa de la sociedad peruana, más que del mismo Estado” en temas como ese.

Pide no especular

Respecto a las motivaciones que tendría la presentación de un proyecto de ley de esa índole, señaló que en el Congreso existen diversos puntos de vista y no una uniformidad de opiniones.

Dijo también que en este tema no se puede especular respecto a una intención del Ejecutivo de evitar responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las muertes en las últimas protestas, pues tanto la presidenta Dina Boluarte, como el titular del gabinete, Alberto Otárola, han declarado que implementarán las recomendaciones que este organismo ha hecho sobre lo ocurrido en los últimos meses.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que su elección como defensor del Pueblo tenga relación con el papel que podría cumplir como titular de esta entidad durante la designación de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Gutiérrez dijo que, al igual que Walter Gutiérrez, uno de sus predecesores, no usará su cargo para influir en esos nombramientos.

/RP/

El Congreso de la República despidió al trabajador involucrado en la denuncia de recorte de sueldos por parte de la congresista María Cordero Jon Tay al considerar que es una falta grave.

El jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento, Miguel Seminario, informó que luego de la denuncia periodística se inició un proceso disciplinario contra Braden Paredes Calla y su esposa Faviola Torres García.

En su descargo, Paredes Calla afirmó que cometió un error. “ (…) preciso que mi participación fue únicamente obedeciendo y acatando equivocadamente, una relación de jerarquía entre el cargo que tiene la congresista María Cordero Jon Tay, y la de mi persona que me desempeño como un simple trabajador del Área de Archivo” dijo.

También trató de defender a su esposa afirmando que el 15 de julio de 2022, le pidió que recoja un sobre que le iba a entregar una persona, “del cual ella no tenía conocimiento ni de su contenido ni de qué asunto o trámite se trabaja; mucho menos de supuestos malos actos que se estaban realizando con un trabajador”.

Luego de recibir sus descargos y, tras la investigación del caso, la Comisión determinó la responsabilidad de Paredes Calle disponiendo su cese, el cual se ejecutó el 25 de mayo.

Además, fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco años bajo cualquier forma o modalidad. Para ello, se dispuso la inscripción de la sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

La oficina de Comunicaciones del Congreso informó que el caso de la esposa Torres García se emitirá otro informe final con las recomendaciones respectivas.

El jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, Miguel Seminario, también informó sobre el caso de la trabajadora Marie Emely Silva Uriarte, quien denunció presuntos actos de hostilidad, pese a su estado de gestación, por parte del parlamentario Edgar Tello y luego de la congresista Marleny Portero López.

Explicó que el Departamento de Recursos Humanos del poder Legislativo respondió a la Dirección General de Administración que no le corresponde aceptar o denegar pedidos sobre cese de personal, porque ello le compete al congresista que la designó.

La trabajadora denunció que el congresista Tello le exigió dinero para comprar un proyector, pero al negarse fue degrada de puesto con reducción de sueldo. 

El parlamentario ha negado esta denuncia y pidió una investigación diligente.

/RP/

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró hoy en emergencia a los servicios y establecimientos de salud y de los gobiernos regionales por ciento ochenta días ante el grave riesgo de suspensión de la continuidad de las atenciones médicas que brindan a la población.

El Decreto Supremo Nº 014-2023-SA señala también que esta medida se da por este plazo, para la ejecución de medidas y acciones inmediatas y necesarias a fin de asegurar las prestaciones de servicios de salud en el país.

La misma norma indica que según el Informe Nº 106-2023-UPP-DIEMDGOS-Minsa , el estado situacional de la Infraestructura de Salud en forma general presenta una deficiente capacidad de respuesta ante las intensas lluvias, con coberturas y techos que no tienen un sistema de drenaje adecuado y otras que no existe.

Asimismo, añade que existen riesgos eléctricos en las instalaciones, colapso del sistema de saneamiento externo e interno (agua y desagüe), por lo que considera necesaria declarar en emergencia a los servicios y establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales.

Este decreto supremo es suscrito por la presidenta Dina Boluarte Zegarra y la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino.

/RP/Andina/