Política

A través de una Resolucion Ministerial publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo autorizó el viaje del presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, a la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, del 28 al 31 de mayo de 2023, a fin de participar en la Reunión de Presidentes de los países de América del Sur.

En la parte considerativa de la norma se indica que la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha designado a Otárola Peñaranda como su representante especial en el evento en Brasil.

Se detalla que el presidente del Consejo de Ministros sostendrá reuniones bilaterales con autoridades de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, a fin de abordar temas de interés común, las cuales se llevarán a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2023, en la ciudad de Brasilia. 

/ES/Andina/

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el feminicidio y la violencia sexual, estableciendo que las requisitorias por estos actos no caducan. El objetivo es el de “fortalecer la investigación de los procesos penales” iniciados por los referidos delitos.

La iniciativa legislativa contempla aplicar variaciones en los numerales 2 y 4 del artículo 261 del Código Procesal Peal, referido a la detención preliminar judicial.

Para ello se establece “la no caducidad de la requisitoria de los requisitoriados por estos delitos hasta su detención definitiva”.

Así, en el numeral 4 del artículo 261 del Código Procesal Penal, el Ejecutivo plantea introducir que “no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados” las requisitorias por casos de feminicidio y violación sexual, sumándolas así a las correspondientes a casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

También se busca añadir al numeral 2 del mismo artículo del Código Procesal Penal datos adicionales a aquellos que resultan necesarios para cursar la orden de detención contra un requisitoriado.

Entre ellos se encuentran lo referido a su lengua materna y su autoidentificación étnica; rubros que se suman a los nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento.

Con ello se busca establecer una mejor y más rápida identificación de los agresores, tomando en cuenta la diversidad cultural del país y posibilitando con ello una rápida identificación de dichas personas.

Contra la impunidad

En la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que con estas medidas se busca combatir la impunidad en estos delitos. Se establece, en ese punto, que la severidad de las leyes con las que se sancionan dichos ilícitos no puede aplicarse si los responsables no son detenidos.

/ES/Andina/

La Tercera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo que presentó el expresidente, Pedro Castillo, para anular la resolución del Congreso que dispuso su vacancia por permanente incapacidad moral.

Para el juzgado, la demanda interpuesta por la defensa de Castillo cumplió con los requisitos de admisibilidad y procedencia que establece la ley para su evaluación.

Por ello, se dispuso que la demanda sea puesta en conocimiento de los procuradores de Poder Judicial (PJ) y del Parlamento para que presenten sus alegatos en un plazo de 10 días.

A su vez, la sala programó para el 23 de junio, desde las 08:45 horas, la audiencia virtual en la que se evaluará el recurso, con la participación de expresidente Castillo Terrones desde el penal de Barbadillo, y las demás partes involucradas.

Contenido y antecedentes

La referida demanda de amparo fue presentada en enero contra el presidente del Congreso, José Williams. En ella se alega una supuesta vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa del ex jefe de Estado.

En ese sentido, Castillo demanda que se restablezca la vigencia de sus credenciales como presidente de la República y que se ordene su restitución en el cargo.

Además, solicita que se declare la nulidad de todo acto administrativo parlamentario o de cualquier índole que realice el Congreso con la finalidad de impedir su restitución como jefe del Estado.

El expresidente cumple 18 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, a raíz de las medidas contrarias al orden constitucional que dictó el 7 de diciembre del año pasado; hecho que motivó que el Congreso declarase su vacancia en el cargo.

/AC/Andina/

La Presidencia del Consejo de Ministros inició hoy la difusión de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 (PNMGP). 

Se trata de una estrategia que marca la ruta que debe seguir el país para ser un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que garantice una sociedad justa e inclusiva teniendo como centro a las personas. 

Con este fin, se desarrolló la primera jornada, de cuatro programadas a nivel nacional, para difundir los objetivos, lineamientos, alcances e instrumentos de implementación de la PNMGP, así como sensibilizar a los funcionarios para lograr su compromiso. 

La actividad reunió a cerca de 250 funcionarios de más de 100 instituciones del Poder Ejecutivo en la sede de la Biblioteca Nacional. Además, a través de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, se realizarán talleres macrorregionales en Lima, Chiclayo y Tarapoto, durante las siguientes semanas.

Heber Cusma Saldaña, titular de la referida secretaría, destacó la importancia de esta política como guía estratégica para que las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno trabajen de forma articulada. 

“Debemos centrar la gestión pública en las personas, tener un enfoque territorial de la implementación de estas políticas y trabajar de forma colaborativa con los diversos grupos interesados de la sociedad”, señaló. 

Los talleres cuentan también con la participación de los rectores de los sistemas administrativos, tales como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Se desarrollaron temas claves de gestión pública, como la mejora de calidad regulatoria, calidad de servicios, gobierno abierto y políticas de descentralización. 

Finalmente, hubo mesas técnicas para la absolución de consultas, donde los participantes realizaron consultas sobre las exposiciones realizadas en la jornada, además de recibir asistencia técnica general sobre las materias de su competencia.

/AC/NDP/

En el Congreso se presentó un proyecto de ley destinado a garantizar el principio de igualdad de género en las pensiones por viudez, a fin de corregir situaciones que atentan contra los derechos de los adultos mayores viudos. Conoce en detalle la propuesta.

La iniciativa, presentada por el congresista Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), modifica el artículo 53 del Decreto Ley 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.

Explicó que este derecho no tiene requisitos cuando se beneficia a las cónyuges viudas de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pero que en el caso de los viudos la situación cambia, "pues solo este derecho a aquellos que son mayores de 60 años o inválidos".

"Esto constituye una afrenta contra el derecho constitucionalmente reconocido a la igualdad", aseguró el parlamentario.

Asimismo, precisó que las asociaciones de pensionistas fueron consultadas sobre esta iniciativa, habiendo tomado esta "de una forma adecuada", pues saben que en algunos casos "no se le consideraba a un grupo para nada". 

"Por eso consideramos la importancia de un proyecto de esta naturaleza, que está siendo comentado incluso en las universidades, siendo que busca otorgar un derecho que les corresponde a quienes aportaron durante años", aseguró. 

El proyecto de ley, que se encuentra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, espera recibir los aportes de otros grupos de trabajo como las de Presupuesto y de la Mujer.

"Estas comisiones deberán intervenir y dar su dictamen correspondiente, además será importante porque a través de estas se podrá recibir la opinión de diversos sectores como los Ministerio de Economía y de Trabajo", añadió. 

Por último, aseguró que esta iniciativa "no genera gasto adicional al erario nacional", puesto que se financia con lo que está presupuestado. 

/AC/Andina/

La legítima defensa es un derecho que tienen todos los peruanos frente a una agresión como un robo o un acto violento para defender su vida, así como los de un tercero, aseguró Víctor Alcocer Acosta, juez titular del Noveno Juzgado de la Corte Superior Nacional.

 Sin embargo, el magistrado aclaró que esta legítima defensa debe ser racional, lo cual significa que la persona no puede convertirse en el agente provocador, es decir el quien ha dado inicio a la agresión.

 “Si analizamos el artículo 2, inciso 23, de la Constitución vemos que la legítima defensa es un derecho que tenemos nosotros los peruanos. Esto implica que ante toda agresión tiene que haber una reacción, pero esta tiene que ser racional y no provocada”, explicó.

 En el caso de que el agresor no tenga ningún tipo de arma, pero la víctima desconoce ese hecho y utiliza un arma en su defensa, el magistrado aseguró que esta acción también se considera como una legítima defensa.

 “Podría aplicarse la legítima defensa siempre y cuando el agente pasivo (la víctima) del delito desconocía que el medio empleado por el agente provocador (el asaltante) no era un arma de fuego de verdad”, explicó.

 Al respecto, el magistrado exhortó que no hay que confundir la proporcionalidad con la racionabilidad, explicó que ello depende de las circunstancias.

 “Lo importante en este derecho de legítima defensa es que yo lo pueda ejercer para cuidar o salvaguardar mis bienes propios, así como también los bienes propios de terceros”, aclaró.

COMPROMISO DEL PODER JUDICIAL

Por último, el juez Alcocer Acosta expresó su compromiso de que este tipo de casos sean conducidos de manera correcta para que el agredido no pase a ser el procesado cuando en realidad es víctima de las circunstancias.

 “Nosotros, el Poder Judicial, estamos acá para salvaguardar los derechos de las personas, nosotros nos comprometemos hacer justicia y vamos a hacer lo correcto en estas investigaciones para que la víctima no pase a ser el procesado. Nos comprometemos a que todo esto se haga de una forma correcta, rápida y que se castiga a quien se tenga que castigar”, aseguró.

/RP/NDP/