El presidente del Congreso, Alejandro Soto, aseguró que no permitirá que la Fiscalía allane las oficinas de parlamentarios investigados por ser miembros de la presunta organización criminal que habría liderado la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista, Erick Urbina, el resistirse a dicho procedimiento solo complicaría más la situación legal del parlamentario investigado.

“El allanamiento puede ser a las oficinas del congresista, pero también puede ser a sus viviendas. Eso lo evaluará un juez supremo. Y, en caso haya una resistencia por parte del investigado, el uso de la fuerza está autorizado”, señaló Urbina.

Cabe recordar que el presidente del Congreso es uno de los 14 parlamentarios investigados por organización criminal en el despacho de la fiscal Delia Espinoza.

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