Regulación del uso de celulares en colegios busca frenar la violencia y recuperar la autoridad escolar
El Ministerio de Educación impulsa una norma que restringe el uso de celulares y otros dispositivos digitales en los colegios con el objetivo de enfrentar el mal uso de la tecnología, especialmente en contextos de violencia escolar.
La medida responde a conductas que se intensificaron tras la pandemia, cuando niños y adolescentes incorporaron estos dispositivos de manera permanente en su vida educativa y social.
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Así lo explicó el psicólogo educativo Noé Álvarez Torres en entrevista a Dialogo Abierto de Radio Nacional, al señalar que durante la educación remota se generó un aprendizaje conductual que normalizó el uso constante de celulares, tablets y computadoras. Con el retorno a la presencialidad, esa práctica se trasladó al aula y derivó en un aumento de situaciones de bullying y ciberbullying.
“La norma no prohíbe de manera absoluta la tecnología, sino que establece límites claros dentro de los espacios escolares”, señaló. Indicó, se trata de una regulación necesaria ante la ausencia de reglas explícitas, pese a la vigencia de la ley de la Sana Convivencia en las Escuelas, promulgada en 2012.
VIOLENCIA DIGITAL Y ANTECEDENTES NORMATIVOS
Álvarez Torres advirtió que durante la pandemia la violencia escolar se trasladó a los entornos digitales, mediante insultos, emojis e imágenes difundidas en redes sociales. Al reanudarse las clases presenciales, estas prácticas no solo continuaron, sino que se intensificaron dentro de los colegios.
“En ese contexto, la nueva norma surge porque los padres de familia y los mismos alumnos decían que no existe una ley que diga explícitamente que está prohibido el uso de los celulares”, aseveró. Sin embargo, la afirmó que regulación actual establece la restricción del uso de dispositivos en aulas, patios y otros ambientes escolares, salvo cuando exista una finalidad pedagógica definida en el plan curricular.
AUTORIDAD DOCENTE Y ROL DE LA FAMILIA
El especialista señaló que uno de los problemas de fondo es la pérdida de autoridad tanto en el hogar como en la escuela. Agregó que muchos padres no regulan el uso de los dispositivos que entregan a sus hijos, lo que debilita el principio de autoridad y se refleja luego en el aula.
También indicó que los docentes han visto limitada su capacidad de corrección debido al temor a denuncias administrativas. Recordó que esta situación empezó a cambiar con la modificación de los protocolos de convivencia escolar, que ahora permiten a los maestros tomar acciones para corregir conductas inadecuadas sin que ello sea considerado automáticamente una forma de violencia.
USO PEDAGÓGICO Y BRECHA TECNOLÓGICA
Álvarez Torres reconoció que la tecnología puede favorecer el aprendizaje, sobre todo en estudiantes nacidos a partir de 2010, quienes responden mejor a estímulos audiovisuales y dinámicos. En ese sentido, sostuvo que el uso de dispositivos es válido cuando existe una necesidad pedagógica claramente justificada.
No obstante, advirtió que la realidad de las escuelas públicas limita esa posibilidad, ya que muchas carecen de conectividad o infraestructura adecuada.
Según explicó, más del 70 % de los colegios no cuenta con recursos tecnológicos suficientes, lo que impide una implementación equitativa. Por ello, consideró que la regulación es necesaria mientras no se garantice una infraestructura homogénea que permita un uso educativo real y responsable de la tecnología.
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