Recientemente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República la observación de la autógrafa de la ley que pretende restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. 

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, mencionó que hay una serie de observaciones respecto de la norma aprobada por el pleno del Congreso referido a la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia.

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Al respecto, el abogado penalista Julio Rodríguez brindó detalles sobre la medida y explicó el porqué de la encrucijada entre el Ejecutivo y Legislativo respecto a la ley.  

En el programa El informativo de Radio Nacional, Rodríguez sostuvo que la detención preliminar durante muchos años fue aplicada indiscriminadamente. “En la praxis se manifestó un abuso”, expreso. 

Para el Ejecutivo la detención preliminar carece de autenticidad o autonomía respecto de la prisión preventiva, lo que podría conllevar a una aplicación inadecuada.

DEBATE SOBRE LA DETENCIÓN PRELIMINAR EN CASOS DE NO FLAGRANCIA

Recordemos que el 11 de diciembre del 2024, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley nº 32181, que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Luego de ello, el pleno del Congreso aprobó el 14 de diciembre pasado el texto sustitutorio del proyecto de ley nº 9733, que propone restituir la imposición de la detención preliminar en casos de no flagrancia, tras los cuestionamientos del Ministerio Público.

En ese sentido, manifestó que el debate parte de lo planteado por el Congreso respecto a mantener la detención preliminar en caso de que no haya flagrancia. 

“Esto generó una respuesta del Ejecutivo frente a lo que el Legislativo decidió, que era volver a aplicar la figura”, mencionó el abogado penalista.  

¿LEY DE DETENCIÓN PRELIMINAR ES LA SOLUCIÓN A LA CRIMINALIDAD?

El abogado penalista manifestó que la posición de un grupo de abogados y profesores universitarios es en contra de la detención preliminar. 
 

“Fuimos convocados por el Ministerio de Justicia a un conversatorio, en el cual todos coincidimos uniformemente que la detención preliminar debe dejarse sin efecto de manera absoluta. No debería existir”, señaló. 

Explicó que su posición como abogados se base en que el derecho procesal penal no soluciona el problema de la criminalidad. 

“Si yo quiero prevenir delitos, no deben usar el derecho penal, este es una respuesta punitiva, no preventiva. Una política criminal adecuada que aspire a reducir criminalidad tiene que tener en esencia el desarrollo de políticas preventivas, disuasivas y punitivas”, aclaró.

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