El Tribunal Constitucional (TC) resolvió en el 2019 que los militares retirados que desempeñan funciones públicas pueden recibir simultáneamente su remuneración y pensión, pero sin acumular ingresos adicionales como bonos, gratificaciones o gastos operativos, así lo indicó el abogado penalista James Rodríguez.

En La entrevista de Radio Nacional, Rodríguez explicó que, aunque la resolución del TC establecía topes, dentro de la comisión de Defensa, los parlamentarios impulsaron una ley que eliminó el límite de ingresos, lo que beneficia a 5 congresistas. 

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Por ello, el Ministerio Público interpuso una denuncia constitucional contra los parlamentarios de dicha comisión que promovieron la modificatoria de la ley. 

“La denuncia del Ministerio Público (MP) contra estos congresistas se refiere específicamente a la eliminación de un tope de 15 600 soles que limitaba la acumulación de remuneraciones y pensiones que podía recibir un oficial retirado de las FF AA o policías”, señaló. 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA DENUNCIA?

El especialista indicó que la denuncia del MP no discute los conceptos de “remuneración o pensión”, refiriéndose a lo comentado por algunos expertos que lo calificaban de inconstitucional. 

“Lo que está en discusión es que los congresistas, denunciados por el MP, han eliminado los límites a sus ingresos, permitiéndose bonos, gastos operativos y gratificaciones”, resaltó. 

Al respecto, Rodríguez saludó las acciones realizadas por la Fiscalía de la Nación, sostuvo que la medida es parte de sus facultades. “Lo que continúa es la apertura de una investigación y se pide el levantamiento del fuero, para eso es la denuncia constitucional”, detalló. 

Sin embargo, expuso que “lo más probable es que esta denuncia no va proseguir y no se levantará el fuero parlamentario a estos congresistas. La denuncia quedará como un gesto”. 

CONTRADENUNCIA Y POSIBLE CENSURA

Respecto a la denuncia que han interpuesto los congresistas al Ministerio Público, Rodríguez alertó que se podría aperturar una investigación y censura a la fiscal de la nación. “Tienen el poder y los votos, el control de instituciones”, expuso. 

“Se podría inhabilitar a la fiscal para que no pueda ejercer la función pública. A pesar de ello, desde el punto de vista jurídico, el MP está realizando una labor independiente y objetiva tratando de que no se deja impunidad los posibles actos a la ley”, refirió. 

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