Ante la propuesta de tipificar como "terrorismo urbano" ciertas conductas delictivas. El abogado penalista, Jonathan Correa, compartió su desacuerdo con la iniciativa y expresó una visión clara sobre la importancia de reforzar las instituciones de justicia en el país

En el programa “La Entrevista” de Radio Nacional Correa explicó que la verdadera solución radica en mejorar la logística y el apoyo a las entidades encargadas de combatir el crimen, en lugar de recurrir a medidas punitivas inmediatas que no abordan las causas estructurales del problema.

Jonathan Correa expresó su preocupación ante la tendencia de querer ampliar el concepto de terrorismo a ciertos actos de violencia urbana.  “El concepto de terrorismo urbano desnaturaliza el concepto jurídico de terrorismo, sobre la base de una coyuntura que es la del sector de transportes”, señaló.

El abogado también hizo una crítica a la reacción rápida y poco reflexiva de algunos legisladores e indicó que las soluciones inmediatas a través de la legislación punitiva no resultan efectivas si no se acompañan de un análisis profundo.

SOLUCIONES

Para Correa, la solución no pasa por incrementar las penas, sino por mejorar la aplicación de la ley a través de un mayor apoyo a las instituciones encargadas de hacerla cumplir. 

“Me parece que es una propuesta populista, que no soluciona nada respecto al problema, porque la pena no significa que la conducta delictiva sea reducida”, afirmó al sugerir que el verdadero desafío está en la operatividad de las instituciones.

En ese sentido, Correa enfatizó la necesidad de dotar de mayor logística y recursos a los fiscales y operadores de justicia, quienes muchas veces se ven abrumados por la magnitud de los casos.

 “Cuando tenemos un tema de crimen organizado, muchas veces el fiscal no se da abasto. Los padres de la patria podrían proporcionarles logística por medio de aprobar mayor presupuesto para determinadas entidades”, propuso.

El abogado destacó que el enfoque no debe centrarse en la creación de nuevas leyes, sino en fortalecer las capacidades de quienes aplican las normas. 

“No hay varita mágica. Lo que sí es necesario es que cada uno de los sectores aporte con lo suyo, es decir, el Congreso debería enfocarse en proporcionar apoyo logístico y mejorar las condiciones de las instituciones encargadas de aplicar la ley”, afirmó.

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