La ley que busca la prescripción de crímenes de lesa humanidad, generó controversia en diversos sectores. La nueva normativa es objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, algunos actores políticos e instituciones como el Ministerio Público (MP).

Ante este contexto, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, defendió la ley que propone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, afirmando que “era de esperarse” la presentación una demanda de inconstitucionalidad “ por parte del MP. Explicó que el propósito de la normativa es restablecer la legalidad y, corregir excesos legales de magistrados en contra de militares.

“Era de esperarse que toda la masa caviar se pronunciara en contra de esta ley (…). Esta es una ley reiterativa, que no sería necesaria si es que no hubiera magistrados que, violando la ley, han venido persiguiendo a los militares y policías que derrotaron a los terroristas en la década de los 80 y 90, comentó.

En el programa “La Entrevista” de Radio Nacional, el congresista criticó a los magistrados que, según él, abusaron de normas de 2002 y 2003 para perseguir a militares y policías por delitos cometidos a finales del siglo pasado. 

 “Han venido aplicando de manera ilegal dos normas aprobadas en el 2002 y 2003 en el Congreso que decretar la imprescriptibilidad de los delitos. Pero esas normas, no era retroactivas, es decir, no se podía aplicar a delitos cometidos antes del 2003”, explicó.

IGLESIA CATOLICA

Asimismo, criticó la posición de la Iglesia Católica, que recientemente hizo un llamado a aplicar mecanismos constitucionales a fin de buscar caminos para obtener la nulidad de esta ley. Rospiglioso expresó que “ellos hablan como si fueran de partidos políticos, son religiosos que no tienen por qué meterse en política. Son activistas políticos disfrazados de sacerdotes”.

Rospigliosi también descalificó las críticas de organizaciones y figuras que alegan que esta ley podría afectar sentencias previas, como en el caso del Grupo Colina, aclarando que los integrantes de esta organización fueron capturados en 2002 y su sentencia es definitiva.

“Están mintiendo deliberadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que esto afecta la sentencia del caso del Grupo Colina por Barrios Altos. Eso es falso”, afirmó.

Sobre la pensión vitalicia otorgada a Alberto Fujimori, el congresista señaló que la decisión es de carácter “administrativo” y que está a la espera de la opinión de juristas. En tanto, “la decisión de otorgarle la pensión a Fujimori sigue vigente”, indicó.

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