En un contexto de creciente violencia y desobediencia contra los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la autoridad enfrenta una alarmante falta de respeto y agresiones que no son consideradas delito.

Así lo señaló, Máximo Ramírez de la Cruz, director general de la Defensoría de la Policía, quien cuestionó el Acuerdo Plenario 001-2016 de la Corte Suprema, que despenaliza actos de violencia y resistencia contra los efectivos policiales.

“Se ha observado la falta de respeto a la autoridad, con conductores que creen que pueden hacer lo que quieran con los policías, todo esto gracias a la decisión de la Corte Suprema”, explicó en el programa “La Entrevista” de Radio Nacional.

De esta manera, el defensor de la PNP, condenó la decisión del juez Lolo Fernando Valdez Pimentel del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, quien dejó en libertad a Carlos Augusto Galván Badaracco, chofer que arrastró por 20 metros a la suboficial Claudia Paola Revolledo Mendoza, en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y Venezuela.

“Vamos a denunciar al magistrado que le dio libertad por inconducta funcional, con seguridad se presentará hoy o  más tardar el día de mañana (…). Buscaremos su destitución, tiene que haber una sanción contra estos magistrados”, informó.

Ramírez también destacó que, en los tres meses que lleva en el cargo, se registraron 25 casos de violencia contra policías, la mayoría de ellos contra mujeres de la PNP.

PEDIDO

En ese sentido, el defensor policial solicitó al presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo, dejar sin efecto el acuerdo plenario, por afectar al principio de autoridad en el país.

“Si a un policía los escupes eso no es delito, si lo cacheteas; tampoco es delito. Este acuerdo plenario vino a romper el principio de autoridad que debe de imperar en todo el país (...). si no respetamos a los efectivos policial no vamos a tener orden”, expresó.

En la misma línea, Ramírez, aclaró que, según el Código Penal vigente, la violencia contra efectivos policiales debe sancionarse con penas privativas de libertad de 8 a 12 años.

 “Este acuerdo plenario se tiene que dejar sin efecto mediante otro acuerdo plenario, pero los magistrados no quieren tocar el asunto”, remarcó Ramírez.

De otro lado, pidió tranquilidad a la familia policial, ya que el compromiso del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es solucionar la atención en el Hospital de la Sanidad de la PNP y entregar nuevas prótesis a los valerosos efectivos que lucharon contra el terrorismo.

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