Tras una supervisión realizada a la comisaría de Familia de Piura, César Orrego Azula, jefe de la Oficina Defensorial de Piura, advirtió que actualmente no existen ambientes de custodia adecuados ni infraestructuras suficientes para atender a niños, niñas, adolescentes.

Tampoco a mujeres, personas adultas mayores o cualquier integrante del grupo familiar víctima de violencia.

Según la información recogida por la Defensoría del Pueblo, los casos registrados en dicha dependencia policial sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se han incrementado: “De enero a julio de 2015 existieron 583 casos; mientras que durante el mismo periodo en el presente año se han registrado 1103 casos”, enfatizó.

Orrego indicó que, según lo referido por el comisario capitán PNP Ainee Señas Jiménez, encargada de la mencionada dependencia, se han reportado cobros indebidos en los establecimientos de salud públicos, que vulneran la gratuidad de la atención a las víctimas de violencia.

Refirió, asimismo, que otro de los aspectos preocupantes es la dilación que existe en la División Médico Legal para la atención de las pericias psicológicas, pues éstas suelen programarse entre tres a cuatro meses posteriores a la ocurrencia de los hechos de violencia.

Por ello, exhortó la necesidad de adoptar urgentemente las medidas necesarias para combatir de forma rápida, eficaz y coordinada los casos de violencia contra las mujeres y así garantizar su acceso a la justicia.

“Nos hemos comunicado con el gobernador regional de Piura, a fin de exhortar que a través de la Gerencia Regional de Infraestructura se evalúe el inicio de un estudio técnico que permita implementar ambientes de atención idóneos, de manera que se desarrolle un clima de respeto a la dignidad de las víctimas”, enfatizó.

Por último, el representante de la Defensoría indicó que si bien se han realizado esfuerzos para promover el derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia sexual, como la publicación de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es vital entender que todas las instituciones públicas tenemos el deber de proteger -dentro del ámbito de nuestras competencias- a las víctimas de la violencia.

“Reiteramos el compromiso de seguir trabajando para que se garanticen los derechos de las mujeres víctimas de violencia, que además de ser una grave afectación de los derechos humanos y una manifestación de discriminación contra las mujeres, supone un problema de seguridad ciudadana y de salud pública”, puntualizó.

/CCH/ Andina