Áncash: Inician operativos tras decretarse el Estado de Emergencia en Santa y Casma
En el departamento de Áncash, las acciones por el Estado de Emergencia, que decretó el Gobierno Central para las provincias del Santa y Casma por 45 días, empezaron ayer con diversos operativos de control vehicular. Así lo dispusieron el jefe de la Región Policial Áncash, general PNP Juan Gálvez Escalante, y el director nacional de Operaciones Especiales, general PNP Walter Sánchez Bermúdez.
Ambos altos mandos policiales tuvieron una reunión con los jefes de las diversas unidades especializadas y las comisarías de la localidad, con la intención de elaborar el plan de operaciones que desarrollarán. Ahí acordaron que de los 300 agentes que llegaron de diversas ciudades del país, 200 se quedarán en la provincia del Santa y 100 irán a Casma.
Todos ellos se dividirán en grupos de 15 hasta 20 agentes y serán asignados a las distintas dependencias policiales, cuyos comisarios dirigirán operativos en sus jurisdicciones con apoyo del personal del Departamento de Inteligencia.
“Que entienda la población que está medida solo tiene por objetivo mejorar el servicio de seguridad ciudadana. Los únicos derechos individuales que quedan restringidos con esta medida es el del libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio, ambos serán coactados siempre y cuando estén razonablemente sustentados, porque no se van a permitir excesos de ningún tipo”, señaló Juan Gálvez.
Como se recuerda, ayer en el diario oficial El Peruano se público el Decreto Supremo N° 093-2015-PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), donde el Ejecutivo hizo oficial el Estado de Emergencia en las provincias del Santa y Casma.
El Estado de Emergencia se establece con el fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia común y organizada que en los últimos meses afectó las mencionadas zonas.
En esta norma se informa que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno mientras dure el estado de excepción.
Durante 45 días, quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, y la inviolabilidad del domicilio, comprendidos en la Constitución.
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