La posibilidad de ampliar la pena de muerte en el Perú despierta un intenso debate. El Gobierno busca recoger voces de todo el país para decidir el futuro de esta medida.

El presidente del Grupo de Trabajo Sectorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan Falconí, lidera la iniciativa de abrir un debate nacional sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte a violadores de menores.

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"El encargo es abrir a debate la posibilidad de la pena de muerte para los violadores de niños. Ya hemos empezado a recibir inquietudes de la población de si se puede aplicar a feminicidios y sicarios que también demuestran un desprecio por la vida", señaló en el programa La entrevista de Radio Nacional.

El grupo de trabajo tiene como misión organizar foros descentralizados en todas las regiones del país. La idea es que estos sean plurales, públicos y transparentes. 

Falconí sostuvo que el objetivo es promover la participación de diversos sectores de la sociedad, como gobiernos locales, universidades, colegios profesionales y asociaciones de padres de familia.

“Queremos que la población esté muy bien informada, que sepan los pros y los contras, el debate deber ser plural. Ya está bien la opinión de las ONGs, doctrinos y políticos profesionales, aquí tiene que hablar la población porque es un tema muy sensible”, manifestó.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS DEBATES EN TODAS LAS REGIONES?

Para respaldar el debate, Falconí resaltó la importancia de trabajar de la mano con los gobiernos locales y regionales para llegar a diferentes comunidades.

 "Los gobiernos regionales y locales nos acercarán a la sociedad: clubes vecinales, vasos de leche, cámaras de comercio, gremios, etc. Nos interesa mucho la opinión de las localidades", agregó.

El grupo de trabajo ya ha comenzado sus labores. Según Falconí, el cronograma se aprobará pronto y las primeras actividades incluirán visitas a las regiones para recoger las opiniones de la población.

"La resolución se publicó el fin de semana. El lunes nos instalamos como comisión sectorial y ayer (martes 17) tuvimos las primeras coordinaciones. Hoy debemos aprobar el cronograma y, en los pocos días útiles que nos quedan, por lo menos iniciar con un viaje”, indicó.

HACIA UN INFORME OBJETIVO Y PROPUESTAS CLARAS

El líder del grupo de trabajo detalló que el objetivo es consolidar todas las actas de las reuniones en un informe final, que será entregado al Ministerio de Justicia para evaluar las siguientes acciones.

 "Haremos actas por reuniones y luego las vamos a consolidar en un informe final. Este será un insumo que pondremos a disposición del ministro de Justicia, y serán nuestras autoridades políticas del Ejecutivo y Legislativo quienes le darán el uso correspondiente", precisó.

Falconí dejó claro que nada está descartado, y que un referéndum podría ser una opción para formalizar la participación ciudadana.

 "Nada está negado. Si el deseo es la mayor participación, el referéndum es una buena posibilidad para una participación formal y democrática", detalló.

CIFRAS ALARMANTES: LA REALIDAD DE LOS VIOLADORES DE MENORES

Según datos presentados por Falconí, actualmente hay más de 12 453 personas en la población penal procesadas o sentenciadas por violación a menores, de las cuales el 73.8 % ya tienen sentencia.

"De los 12 453 violadores de niños, 9171 (73.8 %) son sentenciados. Los penales con más violadores de niños están en Lima (Lurigancho, Castro Castro), seguido de Cusco, La Libertad y Huánuco", informó.

Además, mencionó encuestas de opinión que respaldan la apertura del debate. Un estudio de IPSOS en 2018 mostró que el 87 % de la población apoyaba la pena de muerte para violadores de menores. "El año pasado, el IPE reportó que el 72 % apoya la pena de muerte para delitos graves", agregó.

Finalmente, enfatizó la importancia de formar a la población para que esté bien informada sobre las implicancias de la pena de muerte y sus efectos sociales. "La población tiene que estar bien formada para abrir el debate", expresó.

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