El Gobierno publicó en el diario oficial El Peruano la ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos. Con ello, se permite nuevamente que empresas aporten dinero a campañas electorales, pero bajo ciertas condiciones y límites. 

Además, se establecieron reglas para el uso de los fondos públicos que reciben las organizaciones con representación parlamentaria.

[Lee también:  Orquesta Sinfónica Nacional participará de la Festividad de la Virgen de la Candelaria]

Para el abogado constitucionalista y experto en derecho electoral José Naupari Wong, esta reforma elimina el principio de presunción de financiamiento prohibido.

“Antes, si un partido no declaraba un aporte o superaba el tope permitido, se presumía que el dinero provenía de una fuente prohibida. Ahora, esa carga de la prueba recae en la ONPE”, explicó en La entrevista de Radio Nacional. 

Al respecto, el especialista aclaró que la responsabilidad de demostrar la legalidad de un aporte debe recaer en quien tiene acceso a la documentación, es decir, el partido político o la autoridad electoral. 

“La ONPE ahora tiene que probar que un aporte no declarado provino de una fuente ilícita, lo que cambia el control sobre el financiamiento”, indicó.  

LÍMITES DE APORTES PRIVADOS 

El especialista explicó que uno de los cambios clave en la norma es el aumento en el límite de aportes por parte de personas naturales y jurídicas.  

Explicó que “antes, el máximo permitido para una persona natural o jurídica era de 120 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por año, pero con esta modificación, el tope se eleva a 200 UIT cuando se trate de una sola agrupación, pero si desea aportar a más de un partido la cifra crece a 500 UIT’”.

“El financiamiento privado no solo podrá destinarse a campañas electorales, sino también a actividades en períodos no electorales”, indicó. 

Señaló que otro aspecto relevante respecto al incremento, es el límite de financiamiento por actividad proselitista, que ha pasado de 100 a 200 UIT por cada evento. “No está mal que las empresas aporten, siempre que haya transparencia y se evite la mercantilización de la política y el intercambio de favores”, afirmó.  

FINANCIAMIENTO ESTATAL

Respecto al financiamiento público directo por parte del Estado, sostuvo que debe ser utilizado para pagar asesoría y patrocinio legal no solo de los directivos de los partidos políticos sino también de sus voceros y representantes.

Señaló que la ley precisa que los montos a reservarse por cada voto emitido deben ser de 0,1% de una UIT.

RECOMENDACIONES 

Para el especialista “no está mal que las agrupaciones políticas reciban financiamiento privado en la campaña electoral, lo que se debe aclarar es que dichos aportes sean de manera transparente, evitando la mercantilización de la política y el intercambio de favores, como se ha visto recientemente en el Perú”.

Señaló que es necesario contar con reglas claras para evitar casos de corrupción vinculados a contrataciones directas en las instituciones en cargos de confianza o beneficiando a consultores y proveedores.

Manifestó que el problema del financiamiento no radica tanto en quiénes pueden aportar, sino en cómo se gasta ese dinero. Por ello, es apremiante aclarar ciertos puntos que la norma no precisa.

REELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES

Respecto a la decisión de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) de retirar su proyecto para la reelección de alcaldes y regidores, Naupari Wong dijo que se buscaría retomar el debate anterior, ya que existe una reconsideración pendiente, con la finalidad de eliminar a las agrupaciones regionales.

"No estoy del todo seguro de que la reelección haya sido abandonada. Probablemente, quienes retiraron la nueva reforma constitucional buscan abordar no solo ese tema, sino también eliminar a sus principales competidores: los movimientos regionales", explicó.

Según Naupari Wong, el Congreso pudo haber tomado una decisión diferente, ya que desde el inicio se planteó la posibilidad de votar ambos temas por separado (reelección y eliminación de movimientos regionales). “Ello hubiera permitido restablecer la reelección de autoridades en ese momento. Pero no quisieron porque su intención era votar en bloque”, afirmó.

/CRG/