La Contraloría General de la República y la Asociación de AFP (AAFP) suscribieron un convenio que permitirá fiscalizar a las entidades del Estado que retienen el aporte de sus trabajadores y no lo depositan en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) del Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

Con este acuerdo, se busca evitar la generación de nuevas deudas previsionales y propiciar que las entidades que se han acogido a los tres regímenes de reprogramación de pago (REPRO AFP) cumplan con las cuotas pactadas.

A mayo de 2024, un total de 2808 entidades estatales a nivel de gobierno nacional, regional y local retuvieron los aportes de 432 mil 996 trabajadores afiliados a las AFP y no los depositaron en sus cuentas de las AFP

Esta deuda previsional a mayo de 2024 ascendería a 14 mil 657 millones soles si se incluyesen los factores de actualización que establece la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): intereses, moras y multas. 

Al acogerse al REPRO AFP, la deuda a pagar se reduciría a S/ 1870 millones, pues incluye únicamente el aporte retenido al afiliado y la rentabilidad que se habría generado si este hubiese sido depositado oportunamente en su CIC, con el fin de proteger al trabajador. 

Para evitar la generación de nueva deuda previsional, la AAFP pondrá a disposición de la Contraloría información actualizada de las instituciones con aportes impagos, de manera que el órgano de control pueda identificar rápidamente a las que incurren en malas prácticas y tome las acciones pertinentes para salvaguardar los aportes de los afiliados al SPP.

Por otro lado, para propiciar el pago oportuno de las cuotas REPRO por parte de las entidades que se acogieron, se enviará periódicamente el estado del cumplimiento de la devolución de los aportes previsionales retenidos de los sueldos de los afiliados y no depositados en sus CIC. Así, el organismo de control podrá fiscalizar que estas entidades cumplan con el pago de sus cuotas programadas.

El contralor general Nelson Shack adelantó que, a partir de la suscripción de este convenio, la Contraloría General programará próximamente un operativo de control, a nivel nacional y propuso que en la próxima Ley de Presupuesto se incluya la imposibilidad de que se usen dichos fondos de los trabajadores en otras partidas específicas de gasto, e incluir esta acción como una inconducta funcional.

Por su parte, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, resaltó que “la Contraloría contará con información en tiempo real para fiscalizar a los deudores y también para evitar que se creen nuevas deudas previsionales que afecten los ahorros para la jubilación de los trabajadores del sector público”.

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