Una pena de prisión contra la vicepresidenta de ese país, Cristina Kirchner, por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015), se dispone pedir la Fiscalía de Argentina, una acusación que, según sus seguidores, constituye una persecución para inhabilitarla políticamente.

Kirchner, que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado, es juzgada desde 2019 junto con otras doce personas en una causa en la que se le acusa de haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.

El fiscal Sergio Mola abrió el lunes la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.

En la sesión, que se desarrolla de manera remota, Mola consideró que los acusados "trazaron un plan" que buscaba defraudar al Estado argentino mediante "la discrecionalidad en la utilización de los fondos".

"Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho", aseveró el fiscal en su alegato final.

La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003- 2007, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

/DBD/