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Revelan cómo operaba red criminal que cobraba por camas UCI

6:52 h - Jue, 22 Jul 2021

El fiscal anticorrupción a cargo del caso Los Ángeles Negros, Reynaldo Abia, informó que la investigación se inició en marzo de este año cuando llegó a su despacho una persona que denunció que estaban "vendiendo" camas UCI en el Almenara. 

A través de los canales de denuncia habilitados por EsSalud, en medio de estas indagaciones, Abia dijo que llegó un segundo caso luego de lo cual se investiga de manera reservada y se entrevista a las autoridades del Seguro Social.

“En este segundo caso había más evidencia. En ese sentido nosotros tenemos que saludar a un valiente ciudadano que logra grabar a las personas (que le ofrecían la cama UCI) a través de las comunicaciones que sostenía por el Whatsapp”, aseveró.

Relató que el denunciante estaba desesperado, buscando una cama UCI para su hermano que tenía covid-19, cuando fue captado por estos malos elementos que le ofrecieron atender a su familiar a cambio de 82,000 soles.

“Entonces bancarizan la entrega del dinero. Pero, para ello, estas personas que actúan de manera ilícita involucran a sus familiares directos, a sus hijos, esposos, para que les puedan depositar (el dinero)”, relató.

El fiscal agregó que este denunciante señaló a dos personas, sin saber que detrás de este caso de corrupción estaban comprometidas más personas, llegando incluso hasta personal administrativo del hospital Almenara.

Explicó que esta organización operaba de manera ilícita desde la parte externa del nosocomio, a través de estos intermediarios, hacia adentro del hospital, donde estarían involucrados personal médico y administrativo.

Como parte de la estrategia que tenían para operar, los integrantes de esta organización criminal le enviaban al familiar del paciente fotografías del interior del nosocomio donde era atendido su ser querido para tranquilizarlo.

Cabe resaltar que estas personas son investigadas por el delito de tráfico de influencias y que, de ser halladas culpables, podrían recibir una pena de cárcel de entre 4 y 6 años, de acuerdo a la establecido en el Código Penal.

/DBD/


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