A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su mandato constitucional de protección de derechos fundamentales y supervisión de la buena marcha de la administración pública, calificó de "inconstitucional" la decisión del Gobierno de decretar la inmovilización social obligatoria desde las 02:00 horas, hasta las 23:59 horas de este martes 05 de abril.

"La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao", indicó.

La Defensoría del Pueblo recordó que el Tribunal Constitucional "en reiterada jurisprudencia" ha señalado que los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad.

"Estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado, razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta ni se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social", señala la Defensoría.

De otro lado, lamentó que la orden de inamovilidad no toma en cuenta los "severos impactos" que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país.

"La mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad, razón por la que su derecho al trabajo se verá afectado lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud, educación", expresó.

Dado el "carácter intempestivo de la medida", señaló la Defensoría, sus consecuencias serán aún más dañinas y generarán alarma en la población en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores.

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