La Defensoría del Pueblo pidió una rendición de cuentas sobre las acciones adoptadas por cada sector para reparar los daños y a las víctimas del aniego de aguas servidas ocurrido el año pasado en San Juan de Lurigancho, que afectó directa e indirectamente a cerca de un millón de personas en esta zona de la capital.

El pedido fue dirigido al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE) y a la Contraloría General de la República.

En el documento, dirigido por la Adjuntía para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, se solicita precisar las acciones que cada sector ha implementado para atender los graves problemas presentados como consecuencia del siniestro.

Como se recuerda, el 13 de enero de 2019, el colapso del sistema de saneamiento y la posterior ruptura de una tubería matriz, originaron que grandes sectores de San Juan de Lurigancho se vieran inundados por miles de metros cúbicos de aguas servidas, dejando con ello a más de 500 mil personas sin el servicio de agua potable por aproximadamente tres semanas, afectando seriamente la infraestructura de sus viviendas.

Al respecto, Alicia Abanto, adjunta para los Servicios Públicos, señaló que “se trata del desastre urbano más grave que ha vivido Lima en los últimos años, tras recordar que las aguas contaminadas dañaron viviendas, afectaron la salud de la población y perjudicaron el valor de sus predios, ocasionando con ello un serio deterioro de los derechos sociales, ambientales y económicos de las y los ciudadanos de la zona.

“A un año, las secuelas y algunas afectaciones sin embargo continúan”, precisó Abanto, quien señaló que está pendiente la sanción a las empresas responsables y el cobro de la indemnización por los daños ocasionados a las víctimas. Asimismo, la reparación integral del ducto de desagüe.

La representante de la Defensoría del Pueblo añadió que es necesario que las empresas responsables de la construcción del ducto defectuoso asuman los costos por los daños causados, como son la reparación a los afectados, la rehabilitación de los servicios públicos afectados y la reconstrucción de la red de desagüe. Además, sostuvo que el Ministerio Público, la Procuraduría Pública y el Poder Judicial no deben dejar que exista impunidad en este caso.

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