Política

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que hoy remitirán al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano a través del sicariato y la extorsión y lo sanciona hasta con la pena de cadena perpetua.

“Atendiendo a un compromiso del gobierno, quiero informar que hoy en la fecha, va a ser remitido al Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual modificamos el Código Penal en lo relativo a los delitos de sicariato y extorsión e incorporamos el delito de terrorismo urbano”, sostuvo.

Explicó que cometerá terrorismo urbano el que realice actos que generan terror o zozobra en la población o un sector de ella, a través de los delitos de sicariato, conspiración de sicariato y extorsión.

“Será reprimido con pena privativa de libertad de no menor de 30 años y será cadena perpetua si pertenece a las Fuerzas Armadas, o emplea a menores de edad”, puntualizó en conferencia de prensa, tras culminar el Consejo de Ministros.

Adrianzen refirió que, si bien ya existen los delitos de sicariato y extorsión en el Código Penal, se ponen esas figuras dentro del delito de terrorismo urbano y se agravan las penas de manera significativa, hasta cadena perpetua

“Vamos a señalar a quienes cometen estos delitos, lo vamos a clasificar como terrorista, los vamos a perseguir y meter a la cárcel, las Fuerzas Armadas y la Policía podrán actuar con este nuevo marco”, explicó.

Fuero Militar Policial

Dijo además que se incorpora una disposición complementaria final  para que durante la vigencia de los estados de emergencia los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que sean denunciados por actos realizados en el cumplimiento de sus funciones sean sometidos al Fuero Militar Policial y al Código de Justicia Militar.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que actúen en el marco de los estados de emergencia solo podrán ser juzgados e investigados en el Fuero Privativo Policial Militar”, aseveró.

“Es un compromiso que teníamos con las Fuerzas Armadas y la Policía para que ellos tengan el respaldo jurídico que necesitan a fin de que puedan actuar en estado de excepción y lo hagan con las garantías de la protección legal correspondiente”, añadió.

Dijo esperar que el proyecto de ley del Ejecutivo se incorpore a las demás iniciativas sobre terrorismo urbano que serán debatidas mañana en el Congreso.

/ANDINA¨PE/

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que establece penas de prisión de entre 2 y 4 años para quienes, de manera dolosa y sin fines económicos, amenacen a otra persona o a su familia con causarles daños que constituyan delitos de homicidio.

Estas amenazas, realizadas por teléfono, plataformas de mensajería o cualquier otro medio de comunicación, serán reprimidas con la pena privativa de libertad mencionada.

Además, el dictamen incluye sanciones por amenazas de causar lesiones, aborto, tortura, afectaciones a la libertad sexual, intimidad, honor, patrimonio o integridad moral. Esta propuesta, presentada por la congresista Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular), busca modificar el Código Penal mediante la incorporación del artículo 151-B.

Modificaciones al Código Penal

Durante la tercera sesión ordinaria de la comisión, se aprobó un cuarto intermedio, solicitado por la congresista Gladys Echaíz Núñez (Honor y Democracia), para el dictamen de los proyectos de ley 950/2021-CR, 7124/2023-CR, 7964/2023-CR y 8393/2023-CR. Estos proyectos, con un texto sustitutorio, proponen la modificación del Código Penal (Decreto Legislativo 635) y otros decretos legislativos relacionados con la vigilancia electrónica personal y la conversión de penas.

La solicitud de cuarto intermedio se hizo con el fin de estudiar más a fondo la propuesta y ampliar el debate, con la participación de especialistas en el tema, ya que, según Echaíz y otros congresistas como Alejandro Cavero (Avanza País) y Alex Paredes (Bloque Magisterial), el dictamen no cumplía completamente con los objetivos de la lucha contra la corrupción.

Otros proyectos 

Otro dictamen, que propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) para fortalecer el proceso penal en la lucha contra la criminalidad, también fue pasado a un cuarto intermedio. Este fue un pedido de la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), quien consideró que dicha modificación podría requerir cambios constitucionales y, por tanto, necesitaba mayor análisis.

Asimismo, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) presentó su Proyecto de Ley 6476/2023-CR, que propone asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos relacionados.

Convocatoria al Ministro de Justicia

El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca (Perú Libre), anunció la participación del ministro de Justicia, Eduardo Melchor Arana Ysa, en la sesión del próximo 4 de octubre. 

El ministro informará sobre las acciones que su sector está implementando en la lucha contra la corrupción. Además, la comisión realizará su primera sesión descentralizada el 18 de octubre en Lambayeque.

/NDP/PE/

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para el presentador de televisión, Andrés Hurtado Grados, con el nombre artístico de "Chibolín", investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Asimismo, el juez Juan Carlos Checkley dispuso también comparecencia con restricciones para fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta y para el empresario vinculado al negocio del oro, Javier Miu Lei, comprendidos también en las investigaciones.

La Fiscalía explicó que en el transcurso de las investigaciones se encontraron indicios que justifican la prisión preventiva de Hurtado. 

Cabe resaltar que, la decisión del tribunal se alinea con la solicitud presentado por el Ministerio Público ante el riesgo de una posible fuga por parte del conocido presentador de televisión.

/AC/CRG/

La presidenta Dina Boluarte lidera una nueva sesión del Consejo de Ministros, con el objetivo de evaluar las acciones del Gobierno en materia económica y garantizar el acceso a los servicios básicos de agua y desagüe para todos los peruanos.

La sesión se realiza en Palacio de Gobierno y cuenta con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, así como los ministros de Estado.

/AC/

El Gobierno oficializó hoy la creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), institución encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planteamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional en todo el territorio nacional.

Dicha medida se oficializa a través del Decreto Legislativo 1684, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, se crea la Sedena como organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, técnica, funcional y financiera; constituyendo un pliego presupuestal.

Precisa, asimismo, que la entidad es responsable de la coordinación, asesoramiento, planificación y supervisión de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (Sidena), con la finalidad de articular su funcionamiento en el ámbito nacional.

Además, mantiene relaciones de coordinación técnica funcional con las oficinas de Seguridad y Defensa Nacional (Osdena), o las que hagan sus veces; de los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Y, coordina con la Dirección Nacional de Inteligencia, ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional (Sina), para satisfacer las necesidades de información e inteligencia para los procesos y gestión del Sidena.

De igual modo, establece que el jefe de este organismo será designado por el/la presidente/a de la República mediante resolución suprema.

Entre los requisitos están que sea peruano de nacimiento, acreditar competencias en materia de Seguridad y Defensa Nacional, y experiencia en el sector público; no estar afiliado a organizaciones políticas, no haber sido inhabilitado para desempeñar cargo de función pública, ni condenado o procesado por delitos contra el Estado y la Defensa Nacional ni delitos dolosos.

/AC/NDP/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, afirmó hoy que el Gobierno está dando un paso fundamental en el camino de la modernización del transporte urbano en Lima y Callao, con el avance de la obra de la Línea 2 del Metro.

Estas declaraciones las ofreció durante la supervisión que hizo la mandataria a la la llegada de la tuneladora "Delia" a la estación Plaza Bolognesi de la Línea 2, en el distrito de Breña.

"Hoy estamos dando un paso fundamental en el camino de la modernización del transporte urbano en Lima y el Callao, el Gobierno seguirá apostando por el desarrollo de todo el Perú y uno de ellos es el metro subterráneo que nos hemos comprometido a seguir avanzando", manifestó.

En ese sentido, explicó que no se detendrán en lograr la meta de desarrollar a nuestra patria, "sin mezquindades y cálculos políticos".

"Es uno de los principales objetivos que nos trazamos y con acciones y obras como esta seguimos cumpliendo y avanzando, la llegada de la tuneladora constituye un hito en la construcción del primer tren subterráneo del Perú, que necesitan limeños y chalacos para trasladarse por la ciudad", aseguró.

En otro momento, la mandataria explicó que cuando la Línea 2 del Metro de Lima y Callao esté completamente operativa, conectará Ate con el Callao en tan solo 45 minutos, "eliminando las largas horas que se invertían en este recorrido".

/AC/Andina/

El Gobierno oficializó la prórroga y declaratoria del estado de emergencia en algunos distritos y centros poblados de las provincias pertenecientes a las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.

Esta medida, que se oficializa a través del Decreto Supremo 104-2024-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, tiene la finalidad de que las Fuerzas Armadas puedan continuar con el desarrollo de las operaciones y acciones militares dentro del área de responsabilidad del Comando Especial Vraem.

En tal sentido, se prorroga por el término de 60 días calendario, del 3 de octubre al 1 de diciembre del 2024, el estado de emergencia en 29 distritos y dos centros poblados.

Asimismo, por el término de 60 días calendario, a partir del 3 de octubre al 1 de diciembre del 2024, el estado de emergencia en los centros poblados de Yanamonte y Carhuahuran, del distrito de Uchuraccay (Ayacucho), y en el centro poblado de Cochabamba Grande, del distrito de Cochabamba Grande (Huancavelica).

Durante la vigencia de la prórroga y declaración del estado de emergencia se aplica lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

Para ello dispone que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) asumen el control del orden interno durante la vigencia del estado de emergencia en los distritos y centros poblados indicados. La Policía Nacional del Perú (PNP) apoya a las FF. AA. para el logro de dicho objetivo en las zonas declaradas en esta condición.

/AC/

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inició el proceso referido a la denuncia constitucional planteada contra el exministro del Interior, Carlos Morán.

Esta hace referencia a supuestas irregularidades cometidas en el proceso de ascenso de oficiales de la Policía en el año 2019.

El grupo que preside la congresista María Acuña (APP) escuchó lo señalado por el autor de la denuncia, el general de la Policía, Víctor Pérez, junto a su abogado, Stefano Miranda.

Delitos imputados

La denuncia señala que Morán habría incurrido en presuntos delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad genérica.

Esto se habría dado concretamente, según Pérez, en el proceso de ascenso de oficiales superiores al grado de teniente general.

Morán también estuvo presente, junto a sus abogados María Adriano y Miguel Pérez.

Tras las intervenciones de denunciante y denunciado, los parlamentarios presentes realizaron diversas preguntas.

La sesión se reanudará en una fecha próxima. Se espera para entonces interrogar a los policías y testigos vinculados al caso denunciado.

/NDP/PE/

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a través de su Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario, suspende preventivamente por seis meses a la jueza superior Paola Luz Valdivia Sánchez, integrante de la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, la ANC-PJ inició un proceso administrativo disciplinario en su contra.

A la magistrada se le atribuyen faltas muy graves, como el presunto uso de un lenguaje procaz en intervenciones públicas, la presunta remodelación del departamento, entre otros.

La medida cautelar de suspensión preventiva se da en el marco del procedimiento administrativo disciplinario iniciado a la jueza superior Paola Luz Valdivia Sánchez, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final.

Cabe destacar que, la ANC-PJ actúa en estricto cumplimiento de la Constitución y su Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención, garantizando el debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigada.

/MPG/NDP/
 

El Poder Ejecutivo modificó la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, a fin de simplificar los requisitos para tramitar licencias de funcionamiento en monumentos históricos y facilitar la formalización de actividades económicas. 

El decreto supremo dispone la eliminación de la opinión del Ministerio de Cultura (Mincul) en el trámite de licencia de funcionamiento en zona declaradas patrimonio cultural, que implicaba verificaciones, inspecciones y observaciones.

De ahora en adelante, el cumplimiento de los requisitos para este trámite deberá ser evidenciado ante la municipalidad de la jurisdicción en la cual se encuentre el bien cultural.

PRECISIONES 

El Mincul continuará vigilando y fiscalizando la conservación de los bienes culturales que son administrados por personas y/o empresas. Asimismo, es necesario recordar que las municipalidades tienen como función, proteger, defender y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.

REQUISITOS

Entre los requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento cuando se trate de un bien inmueble declarado monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, el administrado presenta una declaración jurada de conservación de la estructura física del bien cultural.

Como se ha indicado, el trámite y demás procedimientos administrativos se realizarán en la municipalidad del lugar.

Este decreto supremo lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya y del ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja.

/CRG/ /DPQ/