Política

El pleno del Congreso de la República aprobó autorizar a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) el retiro facultativo de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 20,600, de sus fondos en las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

El dictamen que permite el sétimo retiro de los fondos en las AFP fue aprobado en primera votación por 97 votos a favor, 5 votos en contra y 5 abstenciones. El pleno de la representación nacional acordó también exonerarlo del trámite de segunda votación.

El retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP se aprobó luego de un extenso debate que se inició esta mañana y luego de un cuarto intermedio y una cuestión previa. 

La bancada de Fuerza Popular solicitó el cuarto intermedio para que la propuesta de liberación de fondos de hasta S/20.600 se evalúe en un dictamen conjunto con la reforma del sistema previsional peruano. Tras este pedido, el pleno se suspendió hasta las 15.00 horas.

Posteriormente, los congresistas José Luna y Guido Bellido presentaron una cuestión previa para votar por separado el retiro de las 4 UIT de las AFP y la reforma previsional. 

Retiro sin excepción

Según el texto sustitutorio aprobado, todos los afiliados, sin ninguna excepción, están autorizados a realizar el retiro extraordinario y facultativo de parte de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización.

"La presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Fondo de Pensiones, sin excepción, el retiro facultativo de sus fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT)”, precisa el dictamen aprobado. 

Tras la aprobación de la propuesta legislativa, corresponde que se elabore la autógrafa de la ley que será enviada al Poder Ejecutivo, el cual tiene un plazo de hasta 15 días hábiles para promulgar u observar la norma.

/ANDINA/PE/

El titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, junto con el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, lideró la instalación de la mesa técnica de desarrollo territorial de la provincia de Carabaya, que contribuirá al cierre de brechas.

Durante la actividad, el ministro Adrianzén enfatizó la necesidad de trabajar para un desarrollo ordenado y articulado, así como la importancia del diálogo transparente y respetuoso con la ciudadanía.

"Queremos desarrollar al Perú de una manera ordenada. Sabemos que hay cosas pendientes de atención y necesitamos articular acciones en un diálogo franco, horizontal y respetuoso. Estamos con Carabaya, con Puno y con toda la sierra sur", dijo el titular de la PCM.

El jefe de Gabinete también invocó a las autoridades de la provincia a sumar esfuerzos con el gobierno nacional para continuar con la reactivación económica y fortalecer la seguridad ciudadana. “Solo unidos podremos lograr el desarrollo de nuestras comunidades, que es el progreso del Perú”, concluyó.

Tras la instalación del grupo de trabajo, creado con resolución ministerial nro. 046-2024-MINEM/DM, los gobiernos locales de Carabaya trabajarán articuladamente con los equipos técnicos de los ministerios para ejecutar los proyectos destinados a atender las principales demandas y cerrar las brechas que afectan a la población.

La mesa técnica instalada impulsará el desarrollo sostenible de la provincia; por ello, en la sesión participaron el alcalde provincial de Carabaya, Edmundo Cáceres, alcaldes distritales y el presidente de la Central Única provincial de Rondas Campesinas.

También estuvieron los viceministros del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación; así como representantes del Ministerio de Economía y Finanzas; del Ministerio del Ambiente; del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; del Ministerio de la Producción; del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y del Ministerio de Cultura.

/ANDINA/PE/

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña, y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, anunciaron un acuerdo de transferencia del espacio que actualmente ocupa el Archivo General de la Nación en el Palacio Nacional de Justicia, el cual se iniciará en agosto del presente año.

Así lo dieron a conocer ambas autoridades, luego de concluir la primera reunión del acuerdo de transferencia, en la que la ministra asumió el compromiso de cumplir con el mandato judicial.

Al respecto, la autoridad judicial resaltó la buena voluntad de la ministra de Cultura de cumplir con el mandato judicial, el cual ordena se restituya al Poder Judicial el área ocupada por el Archivo General de la Nación, más de 5,000 metros cuadrados recuperados (2,074 metros en el primer piso y 3,041 metros en el sótano), 

“Somos entidades del Estado nos identificamos y se ha llegado a un acuerdo del proceso de transferencia del local que ellos ocupan en Palacio”, explicó.

A su turno, la ministra de Cultura explicó que en la reunión, en el cual participaron los equipos de ambas instituciones, se ha elaborado un cronograma que pone como fecha de inicio de la mudanza el mes de agosto.

“Tenemos la voluntad de cumplir con el mandato judicial. Agradezco las consideraciones del Presidente del Poder Judicial. En agosto iniciaremos esta mudanza. Hay una necesidad de entregar el local y también una necesidad de proteger nuestro patrimonio documental, que es la memoria de todos los peruanos”, expresó.

Urteaga Peña detalló que se ha iniciado todas las acciones administrativas y que este proceso de mudanza concluiría el último trimestre del presente año. 

/NDP/PE/

Al cumplirse 20 años de creación del Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), la Defensoría del Pueblo anunció la incorporación de nuevas medidas que permitirán optimizar la intervención que desarrolla la institución para la solución de los conflictos sociales. Una de estas medidas será la implementación del primer Observatorio de la Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo.

El anuncio de esta importante medida estuvo a cargo del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien informó que, de la mano de las nuevas tecnologías y la innovación, el observatorio tendrá como funciones alertar al Estado, a la sociedad y a las empresas con la finalidad de prevenir la violencia, proponer soluciones a los conflictos y gestionar el cumplimiento de los acuerdos resultado del diálogo.

Cabe indicar que, pese a que la intervención de la Defensoría del Pueblo en conflictos sociales comenzó desde el inicio de su funcionamiento en 1996, fue en abril de 2004 en que entró en funcionamiento el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), a través del primer reporte en el que se recogió información de los meses de marzo y abril de ese año, con el objetivo de que sea emitido periódicamente, en el contexto del conflicto Ilave en la región Puno, que trajo como consecuencia el asesinato del alcalde Cirilo Robles, en la plaza de armas de dicha localidad.

Desde esa fecha se han publicado 241 reportes mensuales de manera ininterrumpida hasta la actualidad, los mismos que han sido puestos en conocimiento de los sectores llamados a resolver sus controversias y han servido, en muchos casos, como base para la formulación de mejoras en las políticas públicas propuestas por la Defensoría del Pueblo como la consulta previa, el uso proporcional de la fuerza, la participación de las mujeres en mesas de diálogo, la gestión de conflictos en el contexto de la pandemia por Covid-19, entre otras.

/NDP/PE/

El jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP), Antonio Fernández Jeri, informó que, desde el inicio de funciones de dicha entidad, el 6 de septiembre de 2022, al mes de abril, se han promovido 3,596 sanciones a fiscales por inconducta funcional, a nivel nacional.

El funcionario, junto al personal fiscal y administrativo de dicha entidad, realizó una visita inopinada a la Oficina Desconcentrada de Control (ODC) del Distrito Fiscal de Cajamarca, con el fin de verificar el trabajo de control que vienen realizando.

Allí señaló que, en Cajamarca, se ha sancionado a un total de 104 fiscales, logrando además reducir la carga laboral en la ODC a menos del 20% del total recibido en el año 2022.

Fernández Jerí, indicó, “En estos 19 meses, venimos visitando los diferentes distritos fiscales a nivel nacional. Queremos que sepan que estamos alertas al trabajo de control que realizan nuestras Oficinas Desconcentradas para identificar malos elementos que hacen daño a la imagen del Ministerio Público y sobre todo al desarrollo del país, nuestra misión es recuperar la confianza y confiabilidad de la población en el Ministerio Público y con esto, obviamente, promover que nuestro sistema democrático subsista”.

Finalmente, como parte de la visita, Fernández Jeri mantuvo una reunión de coordinación con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, Cristian Araujo Morales, donde participó, el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control, Roger Hurtado Sánchez, con quienes coordinó trabajar conjuntamente, para consolidar las metas institucionales y las de la ANC-MP.

/NDP/PE/

El pleno del Congreso rechazó por mayoría la moción de censura a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, con 52 votos a favor fueron los suficientes para que el Pleno anule la posibilidad de una supuesta moción de censura.

El motivo por el cual fue planteada la moción de censura fue por la conducción de su sector y venta de entradas a la ciudadela inca de Machu Picchu, a través de una plataforma virtual privada.

La moción, planteada por parlamentarios del Cusco, obteniendo 52 votos a favor, 33 en contra y 15 abstenciones.

Durante el debate, la congresista Ruth Luque (CD-JP), autora de la moción, sostuvo que la concesión de la plataforma virtual motivó observaciones de la Contraloría y de OSCE, que advirtieron fallas en su funcionamiento y en la adjudicación.

“Se advirtió que en esa plataforma tampoco se puede controlar la venta de boletos, lo que nos dicen los gremios de turismo es que hay ruleteo en la venta de boletos, con la plataforma no es posible controlar cuántas veces ingresan con un mismo boleto”, refirió. 

El  congresista Héctor Valer (SP) refirió que el turismo en Machu Picchu genera empleo, dinamiza la economía de restaurantes, hoteles, y que, si bien se debe acabar con el ruleteo y la corrupción alrededor de las venta de entradas, la plataforma para esa venta debe ser administrada por la región del Cusco.

A su vez, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, refirió que la ministra de Cultura había explicado la necesidad de la venta virtual de la venta de entradas a la Ciudadela Inca y las observaciones formuladas, por lo que dijo que su grupo parlamentario votará en contra. 

En tanto, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) sostuvo que el Perú debe seguir el camino de otros países que venden entradas a sitios turísticos en forma virtual y que se debe acabar con la visión estatista del patrimonio, que genera abandono, largas colas y maltrato al patrimonio.

Por su parte, el congresista Carlos Anderson (no agrupado) apoyo la digitalización de la venta de entradas a Machu Picchu por que  va contra de la corrupción, sin embargo, dijo que las observaciones de la Contraloría y OSCE a la plataforma privada merecen que la ministra de un paso al costado.

/MRG/ 

La empresa nacional Servicios Industriales de la Marina S. A. (SIMA PERÚ S. A.), adscrita al Ministerio de Defensa, cuenta desde ahora con un modernizado Taller X-39, dedicado a realizar trabajos de soporte y mantenimiento de motores MTU de unidades navales submarinas y de superficie de la Marina de Guerra del Perú.

El renovado taller fue inaugurado por el viceministro de Recursos para la Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, en representación del ministro Walter Astudillo Chávez, en el Centro de Operación Callao de SIMA PERÚ, en la Base Naval del Callao, con la presencia del comandante general de la Marina, Almirante Luis José Polar Figari, y del gerente general de SIMA PERÚ, Vicealmirante César Colunge Pinto, entre otras autoridades.

El mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento con nueva tecnología del taller fueron posibles gracias al convenio específico Offset “Diseño y mejoramiento del Taller X-39 del SIMA – Callao para recuperar la capacidad submarina y elevar al taller en productividad de servicio y mantenimiento de los motores MTU”, suscrito en junio de 2021 con la empresa alemana MTU Friedrichshafen GmbH, ahora Rolls-Royce Solutions GmbH.

“La culminación de este convenio específico Offset proporciona a SIMA CALLAO la posibilidad de contar no solo con un renovado taller implementado con herramientas y equipamiento especializado de primer nivel, sino también con un personal capacitado para el uso de esta tecnología gracias a la transferencia de conocimiento”, afirmó el viceministro.

Las unidades navales beneficiarias son los cuatro submarinos de clase “Angamos” que se encuentran en proceso de repotenciación y un grupo de corbetas misileras, todo lo cual permitirá mejorar la capacidad submarina y de superficie de la Marina de Guerra del Perú.

Por su parte, la representante de la empresa Rolls-Royce Solutions GmbH, Judith Machau, destacó que el convenio esté permitiendo contribuir a la preparación y eficacia operativa de la Marina de Guerra del Perú y subrayó que las relaciones peruano alemanas marcan una cooperación duradera entre ambos países.

El Taller X-39 ha recibido una serie de componentes mecánicos y equipos tecnológicos que elevan la calidad del servicio, como son un banco de pruebas de la bomba de inyección de combustible para motores, una grúa oscilante, una carretilla elevadora eléctrica, mesas de trabajo especial, una máquina lavadora eléctrica de piezas metálicas del motor, escaleras de ensamblaje, entre otras herramientas.

El convenio específico también ha incluido la transferencia de conocimientos, con la realización de capacitaciones para el personal del taller, con cursos de mantenimiento del motor MTU y de gestión de trabajo de mantenimiento de motores. 

/NDP/MRG/ 

El Jurado nacional de Elecciones planteó la propuesta ante el Congreso de la República ampliar el periodo en el cual se realizan los procesos electorales, con el fin de facilitar la realización de las elecciones primarias.

En ese sentido, la propuesta implica que dicha elección se efectúe con una anticipación no menor a 365 días calendario al día de la elección.

Dicha iniciativa está en relación con las modificaciones hechas recientemente por el Parlamento a la ley electoral, las cuales se aplicarán en las elecciones generales del año 2026.

El texto vigente de la Ley Orgánica de Elecciones establece que las elecciones primarias son convocadas por la Presidencia de la República con una anticipación no menor de 270 días al acto electoral final.

La coordinadora jurisdiccional de la Presidencia del JNE, Flor de María Bazán, dijo que el objetivo del proyecto es que se puedan desarrollar con facilidad todas las actividades de las elecciones primarias, como la evaluación de las candidaturas, elaboración y aprobación de padrones, entre otras.

/MRG/

La defensa legal de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y presunto financista  del expresidente Pedro Castillo, presentó una medida cautelar ante la justicia de Estados Unidos para evitar ser entregado a las autoridades peruanas, tal como lo anunció la Policía Nacional del Perú la mañana de este jueves.

Minutos después del anuncio hecho por las autoridades peruanas, se confirmó que el abogado de Sánchez Sánchez presentó la medida legal que impediría que sea trasladado al Perú, donde tienen un pedido judicial para cumplir una  prisión preventiva, por 30 meses, en el marco de las investigaciones por el caso conocido como Gabinete en la Sombra.

Como se recuerda, en setiembre del año pasado, el Consulado General del Perú en Houston informó que Segundo Alejandro Sánchez Sánchez fue detenido por una patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos.

Sánchez fue detenido luego de intentar cruzar irregularmente la frontera sur con México, en la localidad de Eagle Pass y posteriormente recluido en el “Centro de Detención Del Río” en Texas.

Alejandro Sánchez es dueño de la casa del pasaje Sarratea, que sirvió de cuartel general del ex presidente Pedro Castillo durante las elecciones generales, pero que siguió visitando tras ser electo presidente y donde se realizaron reuniones que estarían vinculadas a actos de corrupción. 

 A Sánchez, se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

/DBD/

La miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Ines Tello, elevó al pleno de dicho organismo un informe en donde recomienda la destitución de Patricia Benavides Vargas, actualmente suspendida del cargo de fiscal de la Nación.

En el citado informe se plantea, además, imponer la misma sanción en contra de su hermana, Enma Benavides Vargas, quien se desempeña como jueza superior en la Corte de Justicia de Lima.

De igual modo, se recomienda suspender a Azucena Solari Escobedo, por su actuación como fiscal suprema provisional en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El informe elevado por Tello de Ñecco corresponde al Procedimiento Disciplinario 01-2024-JNJ, abierto en contra de Patricia Benavides por la remoción irregular de fiscales que integraban el equipo para el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre ellos Bersabeth Revilla.

En los fundamentos de la ponencia se señala que “se ha acreditado que la investigada Liz Patricia Benavides Vargas interfirió en la investigación fiscal seguida contra su hermana Enma Rosaura Benavides Vargas”, lo que involucró la inobservancia de sus deberes como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

Asimismo, indica que se encuentra “debidamente comprobado” que efectuó un “trato degradante” en contra de Revilla, por la remoción que sufrió del cargo de fiscal suprema en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, configurándose la comisión de falta muy grave por parte de la suspendida fiscal.

/DBD/