Política

Hace unos minutos fue detenido el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, en el puente de Pampa Blanca, distrito arequipeño de Cocachacra, tras la investigación que se viene realizando en su contra por los delitos de extorsión y asociación ilícita.

Asimismo, el juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Jaime Coaguila Valdivia, resolvió aceptar la solicitud de detención preliminar por 24 horas para el promotor del paro indefinido contra el proyecto minero Tía María.

La medida coercitiva contra Pepe Julio Gutiérrez había sido solicitada por la Fiscalía de Crimen Organizado el pasado miércoles.

Además, la Fiscalía también solicitó el impedimento de salida del país del alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, y del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, pero el Poder Judicial rechazó la solicitud.

El dirigente antiminero, luego de su detención, fue trasladado por un fuerte contingente policial en una camioneta con dirección al cuartel militar de Chucarapi, para luego ser llevado en helicóptero hasta la ciudad de Arequipa.

/L.R.R./

El Grupo Lima, integrado por legisladores representantes de Lima Metropolitana, debatió la problemática de la ciudad y planteó soluciones urgentes a temas como transporte público, inseguridad ciudadana y contaminación ambiental.

La meta es convertir a Lima Metropolitana en una urbe más atractiva para el progreso y el desarrollo de su gente, comentó Mariana Alegre, coordinadora general del Observatorio Ciudadano «Lima, cómo Vamos».

Alegre sostuvo que en una encuesta efectuada entre 1,920 personas en Lima Metropolitana se estableció tres problemas que preocupan a la población: inseguridad ciudadana, transporte público y contaminación ambiental.

En materia de seguridad ciudadana: los principales problemas que aquejan a la gente son el robo callejero, seguido de las pandillas y la venta de drogas. En otro momento, Alegre indicó que el mismo sondeo arrojó que la demanda del Sistema de Transporte Metropolitano alcanza 3 %, mientras un 7 % usa el Metro de Lima. También se sugirió la creación de una Autoridad Autónoma del Transporte.

Los legisladores que participaron en el encuentro coincidieron en señalar que se requiere ejercer un control político para lograr el cumplimiento de las metas.

Asistieron Luis Galarreta (PPC), Luz Salgado (FP), Omar Chehade (NGP), Luciana León (CP), Víctor García Belaúnde (AP-FA) y Carlos Bruce (CP). Ellos acordaron reunirse con el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y su grupo técnico, a fin de elaborar una radiografía de Lima Metropolitana.

Se disculparon por no estar presentes los representantes: Gabriela Pérez del Solar (CP), Jaime Delgado (DD), Fernando Andrade (PP) y Esther Capuñay (SN). Acordaron además sesionar los jueves de cada quincena.

El presidente de la Asociación Plandes Perú, Luis Maguiña Vásquez, participó en esta reunión como invitado.

/C.CH.A./ Andina

La sesión del pleno del Congreso se reanudó y en estos momentos analiza el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria, que recomienda suspender 120 días al legislador Víctor Grández Saldaña.

La reunión se inició a las 19:30 horas, bajo la conducción de la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. 

El congresista Daniel Mora, sustentó el informe contra Grández, y refirió que el legislador faltó a la ética parlamentaria al no impedir el ejercicio de la prostitución infantil en un hostal que era de propiedad de su señora madre, ubicado en la ciudad de Iquitos, en el departamento selvático de Loreto.   

Según informan los medios de comunicación, la sesión se inició luego de realizarse una reunión de Junta de Portavoces convocada por la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. 

/C.CH.A./ Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), inició su Programa de Formación de Líderes Políticos, que busca empoderar a dirigentes de base y a autoridades de todo el país, dándoles los conocimientos técnicos y administrativos que debe formar parte de las cualidades y habilidades que la ciudadanía espera para que ejerzan sus cargos de manera adecuada.

El titular del JNE, Francisco Távara Córdova, inauguró el ciclo junto a la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, en la sede de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Estuvieron presentes connotados políticos, como Fernando Andrade Carmona, Javier Valle Riestra, así como el jefe de la ONPE, Mariano Cucho; del RENIEC, Jorge Yrivarren; y de IDEA Internacional, Percy Medina.

“Hoy felicito a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE por implementar este programa, que dará no sólo los conocimientos que necesitan, sino también la formación con principios democráticos y éticos. Hace falta líderes comprometidos con los valores y con la democracia. Ese es el liderazgo que queremos contribuir a forjar. Ustedes son los nuevos líderes que conducirán el país”, manifestó Távara Córdova, en su discurso de apertura.

En tanto, Laura Chinchilla, que dio una charla magistral, sostuvo que “en todos los países de América Latina existen cuestionamientos relacionados a funcionarios que no culminan con éxito las obras que se les encargan, figuras envueltas en grandes casos de corrupción, lo que genera una gran insatisfacción en los ciudadanos. Por eso, el líder tiene la obligación de conocer su entorno y las tendencias para poder incidir en un cambio de rumbo o solidificarlo”.

Este grupo de estudiantes recibirá cursos referidos a la resolución de conflictos político-electorales y sociales, análisis político electoral, gestión de políticas públicas, comunicación política, entre otros, con una duración de 210 horas lectivas.

El programa cuenta con el apoyo de la OEA, el PNUD, IDEA Internacional, el NDI (The National Democratic Institute) y la Asociación Civil Transparencia.

/C.CH.A./ Prensa JNE

Se darán todas las garantías de seguridad para el retorno al Perú del empresario peruano Martín Belaúnde Lossio, investigado por presuntas actividades irregulares con algunos gobiernos regionales del país, aseguró el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

“Vamos a garantizar, como a todo ciudadano, la seguridad en este tema. En todo momento hemos tratado estos casos dentro del marco institucional”, manifestó el jefe del Estado, al indicar que Belaúnde Lossio deberá acatar el mandato judicial.

Martín Belaúnde Lossio dijo el último miércoles temer por su vida si lo trasladan desde Bolivia a una prisión del Perú, luego de que un tribunal altiplánico aprobara su extradición a fin de que responda ante la justicia peruana.

Según resaltó el mandatario, este tipo de casos siempre son tratados mediante el Ministerio de Justicia, y en coordinación con el Ministerio Público y el Poder judicial, lo que permitió -dijo- que la solicitud peruana de extradición fuera admitida por unanimidad.

Asimismo, juzgó que haberse aprobado la extradición de este personaje en Bolivia “es un tema que calla a esos opinólogos y novelistas que especulaban que había cosas por debajo de la mesa”.

/C.CH.A./ Andina

La comisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción en la región Áncash decidió solicitar el levantamiento bancario, tributario y bursátil de los ex fiscales de la Nación, Carlos Ramos Heredia y José Peláez Bardales, informó el legislador Mesías Guevara, presidente de este grupo de trabajo.

La medida será solicitada en el marco de las investigaciones en marcha contra ambos personajes por su presunta vinculación con los casos de corrupción en esa zona del país durante la gestión del ahora encarcelado expresidente regional César Álvarez.

"Ya se tomó la decisión de levantarles el secreto bancario, tributario y bursátil", detalló el legislador, en declaraciones dadas a la prensa.

Guevara refirió que no sólo se ha ordenado levantarles la reserva de las telecomunicaciones "porque eso es algo que debe decidir un juez".

Guevara recordó que son 23 los cuadernos que la comisión elabora, referidos a igual número de temas vinculados a la corrupción desatada en el gobierno regional ancashino durante la gestión de Álvarez.

En ese contexto, informó que también están en investigación diversos municipios que habrían participado de las irregularidades denunciadas.

"Por ejemplo, el municipio distrital de San Marcos recibió mil 200 millones de soles entre los años 2006 y 2014, y queremos saber adónde se fue ese dinero", indicó.

/C.CH.A./ Andina

El Poder Judicial solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la destitución de varios jueces involucrados en diversas irregularidades, informó el presidente de esta institución, Víctor Ticona Postigo.

Al tiempo de remarcar el compromiso del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción, Ticona informó que su despacho ha solicitado al CNM nombrar cerca de 600 jueces de todos los niveles, a fin de superar la provisionalidad, una de las posibles causas de malas conductas en la judicatura.

Según dijo, en la lucha contra la corrupción deben participar las diversas instituciones del Estado, así como la sociedad en su conjunto.

Manifestó que su gestión busca fortalecer la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), con la dotación de mayores recursos materiales y logísticos para dar celeridad y eficacia a su labor.

Ticona Postigo refirió que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), trabaja en la reformulación del Reglamento Disciplinario del órgano de control, con el propósito de agilizar sus procesos.   

Indicó que, entre otras medidas, se plantea que los casos leves sean resueltos en las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (Odecma), de cada distrito judicial.

Asimismo, que los casos graves sean resueltos en primera instancia por la OCMA, y en segunda instancia por el CEPJ.

El presidente del Poder Judicial hizo estas declaraciones durante su presentación en el foro «Propuestas para fortalecer la lucha anticorrupción en el Poder Judicial de hoy», organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.        

/C.CH.A./ Andina

El pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo que establece prerrogativas para los docentes contratados, similares a las de los profesores nombrados.

La iniciativa recibió en dos votaciones el respaldo mayoritario del Congreso, con 86 adhesiones, tres votos en contra y dos abstenciones.

De acuerdo a lo aprobado, los profesores contratados podrán tener asignaciones derivadas de su traslado a determinadas jurisdicciones, y por el tipo de centro educativo en el que presten servicios. 

Darles un beneficio de este tipo -similar al que por las mismas razones es otorgado a los docentes nombrados- contribuirá a evitar que los maestros que vayan a determinados lugares renuncien, se señala en la exposición de motivos del dictamen.

De igual manera, a los docentes contratados se les asigna la posibilidad del cobro por vacaciones truncas.

Además, el proyecto aprobado determina que sólo el 65 por ciento de las remuneraciones de este sector del profesorado estará afecto a cargas sociales. Ello tiene como objetivo no perjudicar más la remuneración neta que estos perciben.

Del mismo modo, se reajustan los montos económicos otorgados a quienes se hagan merecedores a la distinción a la excelencia y trayectoria, conocida como 'Palmas Magisteriales".

En ese ámbito, se fijan sumas de mil, mil 500 y quince mil nuevos soles para los grados de Educador, Maestro y Amauta, respectivamente.

El dictamen aprobado también establece mecanismos para contratar profesores en localidades dispersas de Amazonas, Apúrimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Piura, Ucayali y San Martín.

/C.CH.A./ Andina

No se puede permitir que “delincuentes” antimineros que buscan sacar provecho con las protestas contra el proyecto minero Tía María, cambie la política de Estado orientada a promover las inversiones, sostuvo el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

Fue al comentar el audio que revelaría que el presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, habría solicitado dinero a cambio de poner fin a las protestas contra el este proyecto cuprífero, en la provincia arequipeña de Islay.

“Hay que unirnos para que ese tipo de delincuentes no cambien una política de Estado (…) La defensa del estado de derecho debe ser una política de unidad del país, así como la política de impulsar las inversiones, en la que todas las fuerzas políticas nos unamos”, remarcó.

Indicó que este tipo de personas azuzan la violencia en las protestas y buscan “jalar intereses subalternos y hasta delincuenciales”.

Tras reafirmar que aún no se ha decido declarar el estado de emergencia en Islay, Humala Tasso invocó a las autoridades políticas de la zona a colaborar con el restablecimiento de la paz social, luego de las protestas violentas contra la ejecución de este proyecto minero.

“Estamos siempre listos a hacerlo, pero no lo hemos decidido. Creemos que todavía hay espacio para restablecer el diálogo, pero tiene que colaborar todos, empezando por los medios de comunicación, las fuerzas políticas, los actores regionales y el Gobierno Central”, anotó.

Asimismo, el Mandatario reiteró que en este caso el Gobierno no defiende a ninguna empresa en particular, sino al Estado de Derecho.

/CCH/ Andina

Los alcaldes, como ocurre con otras autoridades del ámbito nacional, no pueden pedir licencia a sus municipios para salir a protestar contra el proyecto Tía María en Islay- Arequipa, porque existe una prohibición al respecto, indicó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

Fue al comentar la participación del burgomaestre de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz, en las rondas de diálogo promovidas por el Gobierno, luego de las cuales se negó a firmar el acta respectiva y optó por sumarse a las manifestaciones en contra de este proyecto cuprífero.

“No sé si llegó o no a pedir licencia para salir a protestar, cosa que está prohibida. Yo no puedo, por más oposición que tenga, dejar el puesto de ministro, pedir licencia al Presidente Humala para movilizarme porque quiero protestar sobre tal o cual tema”, remarcó el titular del Ambiente.

En es ese sentido, explicó que las autoridades democráticamente elegidas tienen un mandato legal en el ejercicio de su función, además de responsabilidades bajo las leyes electorales.

Según refirió, en Arequipa existen dirigentes antimineros dedicados a desinformar y mentir a la población respecto las presuntas afectaciones derivadas de este proyecto, pese a que la información válida es la que se desprende de los respectivos estudios de impacto ambiental.

/CCH/ Andina