“Debemos desfujimorizar la agenda política de este país”, señaló el constitucionalista, Ángel Delgado Silva mientras analizaba el controvertido tema de la pensión vitalicia otorgada recientemente al expresidente Alberto Fujimori, luego de concederle el indulto humanitario.

 "El capítulo Fujimori con todo lo bueno y malo, debería ser un capítulo cerrado en la historia del Perú. No puede ser que un tema de esta naturaleza siga generando controversia. No puede ser que los peruanos nos sigamos polarizando", expresó.

Durante el programa “Dialogo Abierto” de Radio Nacional, Silva hizo hincapié en que este tipo de discusiones, lejos de promover una reconciliación, parecen anclar al país en un ciclo de enfrentamientos políticos. 

En cuanto al aspecto legal, el constitucionalista enfatizó que “Alberto Fujimori tiene una sentencia en contra, por lo tanto, no cabe ningún tipo de pensión para él”. Esta afirmación refleja su convicción de que la ley, en su claridad, no deja espacio para interpretaciones que puedan justificar el otorgamiento de una pensión a un exmandatario condenado penalmente.

“La ley es sumamente clara, me llama la atención que ante una evidente claridad se dé un largo debate”, indicó ante la aparente falta de rigor en la interpretación de las leyes por parte de algunos sectores políticos.

Otro aspecto crucial señalado por el también analista político, es la ausencia de justificación para que Fujimori reclame la pensión. Silva puso énfasis en que existe una agenda política detrás de la insistencia en el tema, dado que Alberto Fujimori no tiene escasez económica para solicitar una pensión de 15 mil 600 soles.

“Fujimori no tiene un estado de necesidad para pedir la pensión. El tema es una actitud del fujimorismo que pretende de imponer las cosas, en este caso rompiendo del marco de ley”, manifestó.

Por último, Silva advirtió que, más allá del ámbito legal, la insistencia en mantener este debate puede tener un costo político elevado para el fujimorismo. Puesto que, la estrategia de polarizar a la opinión pública podría volverse en contra de sus promotores, debilitando su influencia y generando rechazo en sectores más amplios de la sociedad.

“El otorgar la pensión a Fujimori es un error legal, pero políticamente es una estrategia fatal. El sr. Fujimori debería aprender algunas cosas de su experiencia política”, finalizó el constitucionalista.

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