De congreso depende medidas coercitivas contra legisladores investigados
El reciente caso de presunto peculado cometido por el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, ha destapado una realidad objetiva sobre los demás legisladores con problemas judiciales.
“Es lamentable que este Congreso de la República, sobre todo sus integrantes, tenga cantidades muy asombrosas de denuncias, incluso que el presidente del Legislativo (Alejandro Soto) tenga más de 50 denuncias cuando, en realidad, nuestras máximas autoridades deberían estar limpias”.
CONGRESISTAS INVESTIGADOS
En el programa “Diálogo Abierto” de Radio Nacional, el exfiscal adjunto provincial anticorrupción, Henrry Coronado Salazar recomendó a las autoridades realizar investigaciones inmediatas para evitar la desaparición de evidencias. Llamó al Ministerio Público a actuar de manera ejemplar.
Pero para ello, Coronado, pidió al Congreso aprobar las acusaciones constitucionales presentada contra los parlamentarios con denuncias sólidas.
“Si existe autorización del Congreso en el ámbito penal, el fiscal podría utilizar todos los mecanismos para que este caso [de Darwin Espinoza] pueda prosperar, por ejemplo pidiendo medidas coercitivas de carácter personal o impedimento de salida del país”.
MAS PRESUPUESTO
Sin embargo, dijo que las investigaciones podrían no llegar a buen puerto por un factor presupuestal.
“En los últimos años hemos visto el recorte del presupuesto del Ministerio Público. Entiendo que las investigaciones que se están efectuando a las altas autoridades requieren una especialización que, en el fondo, tiene que ver con un tema logístico y, si no hay una buena cantidad de presupuesto, no habrá un equipo. Para llevar a cabo una buena investigación se necesita un equipo logístico”.
De los 130 congresistas de la República, 82 tienen investigaciones fiscales abiertas en proceso en el Ministerio Público. Esto representa aproximadamente al 63% del total de legisladores, según cálculos de la Fiscalía.
Henry Coronado afirmó que para evitar que los casos de congresistas con problemas judiciales queden impunes, se necesita voluntad política.
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