La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por denunciar constitucionalmente a los congresistas que aprobaron la ley que permite a parlamentarios militares y policías percibir sus remuneraciones y pensiones.

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El constitucionalista, Erik Urbina, dijo que le parece exagerada la sanción aplicada a Espinoza quien ya cuenta con una similar. Reconoció que se trata de una decisión política.

Sin embargo, Urbina señaló que existió una mala interpretación de la extitular del Ministerio Público cuando formuló acusación constitucional contra los legisladores por una supuesta doble remuneración.

“Creo que hubo una mala lectura porque la jubilación es un derecho adquirido y si el pensionista es elegido para un cargo público, no se trata de una doble percepción”, señaló el constitucionalista.

Señaló que “la jubilación no es una remuneración, sino un monto para tener una vida digna. Lo Otro es el ingreso por el cargo elegido. En el caso de los militares y docentes ocurre algo similar”.

Para Urbina, la jubilación que puede recibir una persona no debería ser entendida como una remuneración. Luego de su jubilación, tanto en lo privado o público, puede realizar otras actividades, aun cuando sea del Estado; caso contrario sería un acto discriminatorio.

MAL PRECEDENTE:

Para el especialista, el caso Espinoza marca un mal precedente porque muestra los desequilibrios existentes entre el Poder Judicial y el Congreso.

“No es la primera vez; ya el Parlamento ha cometido actos que han desbordado el orden constitucional, pero también lo han hecho otras entidades”.

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