El abogado, especialista en derecho penal, Andy Carrión advirtió que la nueva norma que incluye a menores de 16 y 17 años en la persecución penal vulnera derechos fundamentales y no resolverá el problema de fondo.

En entrevista con El informativo de Radio Nacional, el penalista Carrión analizó la reciente medida del Congreso de la República que permite procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, como el sicariato o el robo agravado. Según el especialista, esta medida responde a un enfoque populista que no atacará las verdaderas causas de la criminalidad juvenil.

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Asimismo, Carrión recordó que en los últimos años el Congreso ha respondido al avance de la delincuencia endureciendo las penas y creando nuevas figuras delictivas. Sin embargo, afirma que “estas modificaciones no han originado que se disminuyan los índices de criminalidad; por el contrario, cada día vemos cómo aumentan”.

LOS ADOLESCENTES YA SON SANCIONADOS ACTUALMENTE

Contrario a lo que algunos sectores creen, Carrión precisó que actualmente los menores de 16 y 17 años no quedan impunes. “El Código del Niño y del Adolescente ya contempla sanciones, como el internamiento de hasta 10 años en centros juveniles. No se trata de liberarlos, sino de buscar su resocialización”.

PENALES NO SON CENTROS DE REHABILITACIÓN

Uno de los principales riesgos que advierte el penalista es que, al enviar a menores a cárceles comunes, se rompen las posibilidades de reinserción. “Los penales son escuelas del crimen. Si mandamos a un joven a un penal desde los 16 años, lo que hacemos es asegurar a un futuro delincuente”.

En ese sentido, Carrión aboga por una reforma más profunda y preventiva. “Desde las escuelas y las familias se debe trabajar en la resocialización de los menores. Lo que hoy se hace desde el Legislativo y el Ejecutivo son medidas efectistas, pero no efectivas”.

EL FUTURO LEGAL DE LA NORMA

Según explicó, aún no se puede aplicar esta nueva ley de forma inmediata. “Se requiere un reglamento y probablemente será cuestionada por el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público mediante acciones de inconstitucionalidad”. Además, recordó que los jueces pueden aplicar el control difuso para inaplicar normas que consideren contrarias a la Constitución.

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