La criminalidad en el Perú no solo afecta a los pequeños empresarios, sino también a los trabajadores del sector microfinanciero, quienes son víctimas de extorsión y amenazas por parte del crimen organizado. 

Así lo denunció Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), en el programa La entrevista de Radio Nacional.

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"La criminalidad tiene el control territorial. Incluso asesores de negocios de microfinancieras tienen que pagar cupos para que no les roben las motos y para que no atenten contra su integridad física", señaló.

Solis explicó que los más afectados son los asesores de crédito y analistas que trabajan en campo, visitando emprendedores y pequeños empresarios. 

“Las personas que son asesores de crédito, analistas que llegan y hacen un trabajo de campo, los están extorsionando. Son personas que trabajan en el sector microfinanciero", advirtió.

El problema no se limita a la extorsión. Solis reveló que, hace algunos meses, una entidad microfinanciera en Ica fue atacada con dinamita. "Esto no se ha reportado mucho, pero es una realidad que enfrentamos", denunció.

CRIMEN ORGANIZADO AFECTA A PEQUEÑOS NEGOCIOS

La criminalidad ha golpeado con fuerza a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), un sector que depende de las microfinancieras para acceder a crédito. 

Solís indicó que "el año pasado cerraron más de 2400 bodegas, según la Asociación Nacional de Bodegueros".

El efecto también se refleja en el financiamiento del sector. "En 2023, el saldo de colocación de microfinancieras (cajas municipales, cajas rurales, entre otras) fue de 36 000 millones de soles. En 2024, las colocaciones se redujeron a 34 000 millones, pese a que la economía creció un 2 %", detalló.

EL AVANCE DEL GOTA A GOTA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Uno de los fenómenos más preocupantes es la expansión de los préstamos ilegales, conocidos como gota a gota. Solis advirtió que "las casas informales de préstamo colocan alrededor de 8000 millones de soles en el mercado", lo que agrava la crisis del sector financiero formal.

"El Gobierno debe tomar medidas para dar seguridad. Hay zonas donde el mercado financiero es controlado por el crimen organizado. En San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres, por ejemplo", puntualizó.

Para combatir esta situación, Solis instó al Gobierno a implementar programas que protejan a los trabajadores del sector microfinanciero y permitan la reactivación de los negocios afectados integrándolos a un sistema de préstamos formal.

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