El abogado y especialista en derecho ambiental, Carlos Soria Dall’orso, advirtió que la falta de fiscalización contibuye a que la minería ilegal genere graves impactos en el ambiente, desde la deforestación y erosión del suelo hasta la contaminación de cuerpos de agua.

“La minería ilegal genera un fuerte impacto directamente en el área forestal y en el suelo, ya que remueve la cobertura vegetal para encontrar capas con mineral. Esto produce destrucción y deja áreas erosionadas trabajadas con sustancias tóxicas como el mercurio e hidrocarburos contaminantes”, explicó en el programa La entrevista de Radio Nacional.

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Soria advirtió que esta actividad afecta a la tierra y a los ecosistemas. “La remoción del suelo produce turbidez en el agua, lo que ahuyenta a las especies que habitan en ella. Estos impactos afectan la disponibilidad de recursos y amenazan la vida en las zonas intervenidas”, señaló.

Actualmente, la minería ilegal se concentra en Madre de Dios y Loreto, pero también se extiende a zonas costeras y andinas. “En la Amazonía hay minería aurífera, mientras que en los Andes es minería de socavón. Aunque los minerales son distintos, la complejidad del problema es muy similar”, sostuvo.

Soria señaló que la acción de las autoridades de control debe fortalecerse en zonas claves. “Tenemos una legislación para el monitoreo ambiental, pero la fiscalización es aún insuficiente. La minería ilegal se instala donde ve un espacio libre. Necesitamos una capacidad estatal dinámica”, enfatizó.

CONCEPTO DE MINERÍA ARTESANAL DEBE ESTAR BIEN DEFINIDO

El especialista hizo una distinción entre los mineros artesanales que trabajan de forma responsable, sin usar mercurio y con certificación, y aquellos que operan con métodos altamente destructivos y contaminantes.

“A quienes están dispuestos a cumplir la ley hay que darles formalidad y reconocimiento; a quienes no, les corresponde la sanción”, subrayó.

El especialista criticó la actual definición legal de minería artesanal. “Hoy se considera artesanal a actividades con hasta 1000 hectáreas y movilización de 200 metros cúbicos de mineral. Pero hay operaciones que mueven inversiones de medio millón de dólares o más. Es momento de sincerar el concepto”, puntualizó.

Finalmente, recalcó que la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y los gobiernos regionales y municipales tienen un rol importante en los procesos de fiscalización de la minería ilegal. “Debería existir un programa que monitoree los desempeños de cada institución para enfrentar eficazmente esta problemática”, indicó.

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